El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, del bloque Innovación Federal, tomó posición en contra del proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» que impulsa el Gobierno nacional y encuadró el debate en términos que van más allá de lo jurídico: para el legislador misionero, se trata de una discusión de soberanía, producción, ambiente y tejido social.
Herrera Ahuad respaldó la postura del gobernador Hugo Passalacqua y recogió los planteos que en las últimas semanas expresaron distintos sectores de la sociedad provincial: la Iglesia, intendentes, organizaciones sociales y referentes ambientales. «Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo», afirmó.
Uno de los argumentos centrales del diputado apunta a la permanencia de las herramientas legales más allá de los cambios de administración. «Hoy hay un gobernador que cuida a la producción. Después no sabemos quién vendrá y de qué será capaz», señaló. En esa línea, advirtió que si se eliminan las restricciones vigentes, una futura gestión provincial podría habilitar procesos de venta de tierras difíciles de revertir.
El componente social también ocupa un lugar central en su posicionamiento. «Somos la provincia con mayor ruralidad de la Argentina. No tenemos la misma realidad que Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe», sostuvo. Herrera Ahuad recordó que aproximadamente el 30% de la población misionera —unas 500 mil personas— vive en chacras y colonias, y que detrás de cada establecimiento rural hay familias, trabajadores y economías locales enteras.
Puso especial énfasis en la situación de los cerca de 15 mil productores yerbateros que atraviesan una crisis profunda, muchos de los cuales, señaló, no llegan a levantar su propia cosecha. En ese contexto, advirtió que una crisis prolongada puede derivar en desprendimiento de tierras y, con eso, en un proceso de desarraigo que termine trasladando población rural hacia pueblos y ciudades.
El exgobernador vinculó su rechazo con una política que marcó su propia gestión al frente del Ejecutivo provincial. «Cuando fui gobernador, de las cosas que más felicidad me dieron fue entregar títulos de propiedad para su chacra», recordó, y contrapuso esa experiencia con un escenario donde las dificultades económicas terminen obligando a esas mismas familias a desprenderse de las tierras que durante décadas buscaron regularizar.
Herrera Ahuad también reivindicó el documento emitido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas, que pidió a los legisladores priorizar «el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares». El diputado consideró especialmente aplicable para Misiones la definición de esa carta: «La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico».
Asimismo, respaldó el pronunciamiento de los intendentes nucleados en la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM) y la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM), quienes reclamaron el rechazo del proyecto. De ese planteo rescató una definición que consideró central: «La administración de la tierra misionera se decide en Misiones y es indelegable».
Entre los argumentos territoriales, Herrera Ahuad destacó que Misiones tiene alrededor del 90% de sus límites sobre fronteras internacionales, está asentada sobre el sistema del Acuífero Guaraní y conserva una porción fundamental de la Selva Paranaense. Esas características, sostuvo, obligan a analizar cualquier modificación del régimen de tierras desde una perspectiva federal y no exclusivamente económica.
También recogió el pronunciamiento de la Red de Mujeres vinculada al Movimiento Por lo que Viene, que advirtió que en Misiones la discusión sobre las tierras «no es una abstracción económica, es una amenaza territorial concreta».
Por último, el diputado sumó a su argumentación una definición del referente ambientalista de Aristóbulo del Valle Rulo Bregagnolo: «Cuidar la naturaleza no es un eslogan, es una cuestión de soberanía». Para Herrera Ahuad, esa frase resume otra dimensión del debate: la protección ambiental de Misiones no puede separarse de la discusión sobre quién controla el territorio y qué capacidad conserva el Estado provincial para definir el modelo productivo que se desarrolla sobre él.