El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, integrante del bloque Innovación Federal, presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia salarial de la educación obligatoria por cinco años, a partir del 1° de marzo de 2026. La propuesta central es reasignar la totalidad de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que hoy se distribuyen de manera discrecional, para convertirlos en un instrumento de refuerzo salarial docente con transferencia automática, mensual y federal.
La iniciativa se apoya en datos del INDEC que muestran una caída del 19% en el salario docente promedio en términos reales entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025. A ese deterioro se suma una reducción del gasto educativo consolidado de 1,5 puntos del PBI en 2024 y de 1,9 puntos acumulados hacia fines de 2025, además de conflictos gremiales que afectaron el inicio del ciclo lectivo en al menos un tercio de las provincias.
Al defender la propuesta, Herrera Ahuad señaló: «Buscamos el financiamiento necesario para el crecimiento y desarrollo de nuestros jóvenes».
Según el texto del proyecto, el 70% de los fondos del ATN se destinaría a un «Complemento federal» para docentes, directivos y personal no docente en actividad, condicionado a la asistencia efectiva y a la formación continua. El 30% restante conformaría una «Compensación federal» para quienes se desempeñen en establecimientos ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social. Los recursos se distribuirían en función de la cantidad de cargos docentes de cada jurisdicción, a través del Banco de la Nación Argentina, entre enero de 2026 y diciembre de 2030.
El proyecto alcanza tanto a escuelas de gestión estatal como a establecimientos de gestión pública privada —un esquema que en Misiones se conoce como SPEPM— en todas sus modalidades. Además, incluye una cláusula de adicionalidad: las provincias que adhieran no podrán reducir en términos reales su propia inversión educativa durante el período de emergencia, de modo que los fondos nacionales funcionen como complemento y no como reemplazo del esfuerzo provincial.
Por otro lado, el artículo 4° del proyecto establece que los recursos remanentes del ATN al 31 de diciembre de 2025 se distribuyan en un 75% para infraestructura escolar —priorizando obras inconclusas— y en un 25% para educación técnico-profesional, con foco en el equipamiento de talleres y laboratorios.
La iniciativa prevé mecanismos de rendición y seguimiento: informes trimestrales al Congreso, una evaluación de impacto a los dos años y un informe técnico a los tres años. Si antes del plazo establecido las condiciones que justifican la emergencia desaparecieran, el Poder Ejecutivo podrá proponer al Congreso su finalización anticipada.
Con informacion de Misiones Online.