La comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2, asentada en Garuhapé, logró un acuerdo con el Gobierno provincial y la empresa forestal Arauco Argentina SA para garantizar el acceso a agua potable y energía eléctrica. El consenso se alcanzó el viernes 31 de julio en una mesa de diálogo intercultural celebrada en Posadas, convocada por el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, en el marco del mecanismo de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) establecido por el Convenio 169 de la OIT.
Las 14 familias de la comunidad habitan desde hace generaciones un predio de 657 hectáreas con relevamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). No obstante, la titularidad registral de 300 de esas hectáreas corresponde a Arauco Argentina SA —la mayor propietaria de tierras de la provincia, con cerca de 230.000 hectáreas—, lo que había generado trabas para el tendido de infraestructura estatal y derivó en intentos de relocalización que la comunidad rechazó.
El cacique Santiago Ramos había expresado que contar con electricidad y agua era «un sueño» de la comunidad, y remarcó la importancia de esos servicios para la escuela y para los adultos mayores.
Josefa «Kiki» Ramírez, integrante de EMiPA, señaló que la reunión del viernes había sido programada con anticipación y valoró el avance logrado, aunque aclaró que la mesa «atendió un reclamo de derechos humanos esencial sobre servicios básicos que debieron haber sido garantizados oportunamente por el Estado provincial».
Sin embargo, el acuerdo con Arauco no agota el conflicto territorial que enfrenta la comunidad. Las 300 hectáreas restantes del predio figuran a nombre del empresario local Alfredo Ruff, quien defiende sus derechos como propietario registral. El martes 28 de julio, unos 50 efectivos de la Policía de Misiones ejecutaron una orden de desalojo dictada por el juez Roberto Antonio Sena, del Juzgado de Instrucción 2 de Jardín América, que dispuso el retiro de seis familias Mbya denunciadas por usurpación al intentar ocupar una fracción de ese lote.
Al resolver la causa, el magistrado analizó la documentación presentada por la defensa del cacique Ramos —incluyendo el relevamiento del INAI y la Resolución 514/2015— pero concluyó que esos antecedentes «no resultan suficientes, en el estado actual de la causa, para desvirtuar los elementos de convicción reunidos». El juez también señaló que el relevamiento invocado no tiene trámite registral concluido, fue realizado bajo una legislación actualmente derogada y que no se acreditó la constitución formal de la comunidad como persona jurídica.
En su resolución, el magistrado sostuvo que «el ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos para canalizar las controversias relativas al dominio» y que «lo que no resulta jurídicamente admisible es que tales pretensiones sean ejecutadas unilateralmente mediante el desapoderamiento de quien detentaba legítimamente la posesión del inmueble».
El desalojo se concretó pese a que la defensa había presentado el 17 de julio un recurso de apelación con efecto suspensivo, invocando el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Emergencia Territorial Indígena Nº 26.160. Las familias se retiraron sin que se registraran episodios de violencia física.
Para dar respuesta a la tensión generada por el operativo judicial, la Secretaría de Derechos Humanos convocó a una nueva mesa de trabajo para la semana próxima. Participarán el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, el municipio, los representantes legales de ambas partes, el Consejo de Caciques y traductores guaraníes, con el objetivo de buscar soluciones que contemplen los derechos territoriales indígenas, el derecho a la propiedad privada y la convivencia en el territorio.
Con informacion de Misiones Online.