Un fallo de la Justicia de Misiones comenzó a resonar en medios de todo el país por su alcance en materia de Derecho Animal: por primera vez en la provincia —y sin antecedentes similares en el resto de Argentina—, una resolución judicial extendió una medida de protección propia de un expediente de violencia familiar para que también cubra a las mascotas que conviven con la víctima.
La presentación fue impulsada por la abogada Micaela Pereira, diplomada en Tráfico de Fauna y Derecho Animal, especialista en Familia y Violencia Familiar, escribana y docente universitaria. En diálogo con FM de las Misiones, explicó que el pedido surgió dentro de una causa por violencia de género en la que la Justicia ya había dispuesto restricciones para resguardar a la denunciante. La novedad fue solicitar que esas mismas medidas se extendieran a los animales que comparten el hogar con ella.
«Ingresa desde Misiones una novedad jurídica que es pedir una prohibición de acercamiento», señaló Pereira. Según indicó, en otras provincias existían algunos antecedentes vinculados a alimentos o regímenes de cuidado de mascotas tras una separación, pero no con medidas cautelares de este tipo.
El fundamento central del planteo fue la violencia vicaria, una modalidad en la que el agresor busca dañar emocionalmente a la víctima a través de sus vínculos afectivos. Si bien habitualmente esa conducta se manifiesta hacia los hijos, en este caso el pedido incorporó también a los animales de compañía, bajo el argumento de que forman parte del mismo entorno afectivo de la persona protegida.
Pereira reconoció que no existe legislación específica que regule el concepto de familia multiespecie, pero señaló que es una construcción que viene tomando forma a través de fallos y doctrina especializada. «Hoy nos encontramos de que no podemos hablar de una cuestión biológica o de inscripción del registro de las personas, sino que hablamos de un proyecto de vida común y de sentimientos», expresó.
La jueza Carolina Malla fue quien hizo lugar al planteo. Según relató la abogada, existía un riesgo inminente que justificaba ampliar las medidas de resguardo hacia las mascotas sin descuidar la protección de la víctima principal.
Pereira destacó el impacto práctico que puede tener este precedente: muchas personas en situaciones de violencia temen hacer la denuncia por miedo a represalias contra sus animales. «Ahora la Justicia no hace oídos sordos, sino que va a escuchar esa necesidad», afirmó, al señalar que quienes atraviesen circunstancias similares podrán invocar este antecedente.
Al mismo tiempo, la especialista advirtió que aún queda camino por recorrer en el plano legislativo. Cuestionó las bajas sanciones que prevé la Ley Nacional de Maltrato Animal y reclamó una actualización de las penas. También se pronunció en contra de iniciativas que, a su criterio, vuelven a tratar a los animales como bienes o que establecen restricciones por raza. «No hay perros peligrosos, hay tutores irresponsables», sostuvo, al reclamar políticas públicas centradas en la tenencia responsable.
«Fallos como estos nos dan esperanza», concluyó Pereira al referirse al impacto de la resolución para quienes trabajan en el reconocimiento de derechos para los animales dentro del sistema judicial.
Con informacion de Primera Edicion.