La Legislatura de Misiones avanza en la creación de una ley provincial de protección de datos personales

La Cámara de Representantes de Misiones dio un paso hacia la creación de una ley provincial de protección de datos personales. La iniciativa, presentada por la diputada de Encuentro Misionero Anazul Centeno, tomó estado parlamentario y fue derivada a la comisión de Legislación para su tratamiento.

El proyecto apunta a regular la forma en que el Estado misionero gestiona la información de los ciudadanos. Según explicó la legisladora a través de sus redes sociales, «los datos personales son cualquier tipo de información respecto de las personas, humanas o jurídicas. Pueden ser apellido, nombre, DNI, dirección, o determinables como número de cliente o legajo laboral».

«Todos estos datos hoy están en las redes. Por eso, el proyecto apunta principalmente a que los misioneros y misioneras puedan tener un control, porque los dueños de esos datos personales somos las personas», señaló Centeno.

En esa línea, la diputada planteó que «hoy la administración pública tiene toda esa información» y que la iniciativa busca que cualquier persona pueda consultar al Estado qué datos posee sobre ella, cuestionar si alguno es sensible o si no desea que sea publicado, y solicitar la corrección de información incorrecta.

Entre los fundamentos del proyecto, Centeno destaca que el objetivo es «resguardar los derechos de los ciudadanos de Misiones y garantizar que todas las personas puedan ejercer un control efectivo sobre su información personal, asentada en bases de datos públicas».

Para eso, la propuesta reconoce y garantiza derechos como el de información, acceso, actualización, rectificación, supresión, oposición y portabilidad. Según detalla la autora, «el derecho de información permite conocer qué bases de datos existen, cuál es su finalidad y quiénes son los responsables de su gestión».

A su vez, explica que «el derecho de acceso faculta al ciudadano a solicitar detalles sobre quién posee sus datos, de dónde los obtuvo y con qué propósito se utilizan», mientras que los derechos de supresión, rectificación y actualización permiten «exigir la corrección o eliminación de datos erróneos, desactualizados o innecesarios».