La Legislatura de Misiones dio estado parlamentario a dos proyectos de ley que proponen reformar el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público de la provincia. La iniciativa es impulsada en conjunto por el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y el Colegio de Abogados, y fue elaborada tras un trabajo previo en una mesa interinstitucional que reunió a distintos actores de la comunidad jurídica.
El penalista Nicolás Zayas, quien participó del proceso, describió la iniciativa como un hito para la justicia provincial. «Estamos ante un suceso histórico, ante un cambio de época en lo que representa la justicia penal de la provincia de Misiones», afirmó en declaraciones al programa Sala Cinco del stream de Misiones Online.
El núcleo de la reforma es el pasaje de un sistema mixto-inquisitivo a uno acusatorio. Según explicó Zayas, el cambio redistribuye los roles dentro del proceso penal: el fiscal asumirá el protagonismo en la investigación y la recolección de pruebas, una función que hoy recae en el juez de instrucción. «El fiscal va a tener un mayor protagonismo de la investigación, de la recolección de la prueba en la etapa de investigación formal de un delito», precisó. Para el abogado, el actual esquema, en el que el juez investiga y luego define la situación procesal del imputado, no se ajusta a los estándares internacionales ni a los pactos de derechos humanos.
El juez, por su parte, quedará limitado a resolver la situación particular de cada caso, mientras que la defensa pública tendrá a su cargo el control del debido proceso. «La defensa lo que va a hacer es justamente controlar el debido proceso penal, defender a quien está imputado de un delito prima facie, y sobre todo también controlar a ese protagonismo del fiscal para que no se extralimite en sus funciones», explicó Zayas.
Otro punto del proyecto es la creación de una policía judicial, que elevaría el rango de la actual Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC), dotándola de mayor protagonismo en causas de compleja investigación y readecuándola al nuevo sistema.
La reforma también incorpora la oralidad efectiva y la justicia restaurativa. Esta última apunta a resolver delitos de menor gravedad mediante criterios de oportunidad y audiencias de conciliación en las que participen el juez, el fiscal, el defensor, la víctima y el imputado. «Va a estar el juez, el fiscal, el defensor, la víctima y el imputado, a los fines de llegar a un acuerdo y poner un fin al proceso penal y a la persecución penal», señaló Zayas.
Zayas también advirtió sobre las consecuencias del sistema vigente: «Hay muchas situaciones procesales que no están resueltas. Hay personas que están privadas de libertad sin una resolución judicial y eso solamente genera situaciones de incertidumbre, de inseguridad jurídica, demora judicial y de un montón de problemas judiciales que la justicia no lo está resolviendo».
La implementación del nuevo sistema sería gradual, comenzando por las circunscripciones más pequeñas. Según indicó Zayas, el plan contempla un período de 12 meses arrancando por la quinta circunscripción y avanzando progresivamente hacia la primera, a modo de proyecto piloto. El ministro del Superior Tribunal Juan Manuel Díaz también detalló ese esquema de implementación.
Entre otros aspectos, el proyecto aborda los derechos de las víctimas, los plazos procesales, el acceso a la justicia de los pueblos originarios y el rol del querellante particular. De cara al debate legislativo, Zayas estimó que será conveniente sumar a actores que no participaron de la mesa interinstitucional, como organizaciones civiles y de víctimas. «Sería lo mejor que se convoquen a todos los sectores que participan del proceso penal para que la reforma sea de una integralidad que valga la pena. Que no se excluya a nadie», cerró.
Con informacion de Misiones Online.