La Cámara de Representantes de Misiones derogó este jueves la prohibición del uso de glifosato que formaba parte de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, sancionada en 2023. La votación fue unánime: los 40 legisladores apoyaron la modificación, entre ellos el propio Carlos Rovira, impulsor original de la norma.
El proyecto fue aprobado sobre tablas, luego de que la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal emitiera dictamen durante la misma jornada. El despacho final unificó ocho expedientes presentados desde 2023 y fue firmado por diputados del oficialismo y la oposición.
La redacción original del artículo 7 prohibía «la utilización del glifosato, sus componentes y afines en toda la Provincia» y establecía un plazo de dos años para que la restricción entrara en vigencia. El texto sancionado este jueves eliminó esa prohibición y la reemplazó por una disposición que habilita el uso de bioinsumos «en la medida que los distintos organismos competentes en el orden nacional y los que correspondan a los países de destino de las exportaciones de los productos de origen local lo autoricen».
La Cámara también derogó el artículo 8, que establecía el régimen de sanciones por incumplimiento, y sustituyó los artículos 5 y 6 de la misma ley. Además, incorporó al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables como autoridad de aplicación junto al Ministerio del Agro y la Producción, que hasta ahora era el único organismo responsable.
El texto aprobado fue más amplio que el proyecto presentado la semana pasada por los 18 integrantes del bloque Movimiento por lo que Viene, que proponía modificar únicamente el artículo 7. Desde el oficialismo señalaron que el resultado del trabajo en comisión refleja el objetivo de una Cámara más dialoguista, que incluya la mirada opositora.
El miembro informante del dictamen, Waldovino Enio Lemes, sostuvo durante la sesión que la modificación busca compatibilizar el compromiso ambiental de la provincia con las necesidades de los productores. «Hoy estamos tratando un tema que, por sus características, nos obliga a dejar de lado las posiciones simplistas y las discusiones de blanco o negro. Estamos hablando del ambiente, de producción, de trabajo y, en definitiva, de la vida cotidiana de miles de familias misioneras que viven y trabajan la tierra», expresó.
Lemes reconoció que las alternativas al glifosato «no se desarrollaron ni estuvieron disponibles al ritmo que la ley había previsto para toda la actividad productiva» y sostuvo que cualquier sustituto debe reunir condiciones de eficacia, autorización, disponibilidad y viabilidad económica. «No podemos pedirle que produzca de otra manera sin que disponga primero de los medios eficaces para hacerlo», afirmó, en referencia a los pequeños y medianos productores.
El legislador también recordó que el Poder Ejecutivo ya había postergado la aplicación de la prohibición mediante el Decreto 1.608 de 2024 y que en agosto de 2025 otra disposición extendió la excepción a las actividades agrícolas y forestales mientras no existieran alternativas autorizadas. La reforma sancionada este jueves otorgó rango legal a ese criterio y eliminó el plazo fijo original. «Esta modificación del artículo 7 no representa un paso atrás, es una corrección de rumbo necesaria para poder seguir avanzando», dijo Lemes.
El despacho aprobado reunió propuestas impulsadas por legisladores de distintos espacios y períodos, entre ellos Ariel Pianesi, Miguel Núñez, Gladys Cornelius, Martín Arjol y Juan José Szychowski.
Diversas organizaciones del sector productivo habían respaldado públicamente la revisión de la norma antes de la sesión. La Sociedad Rural Argentina consideró que la modificación permitiría recuperar previsibilidad para la actividad agropecuaria. Por su parte, la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) advirtió que actualmente no existen alternativas con eficacia equivalente al glifosato para el control de malezas en la implantación forestal y destacó que Misiones cuenta con más de 400 mil hectáreas de plantaciones. La entidad sostuvo que la reforma aportará estabilidad jurídica a inversiones de largo plazo.
Con informacion de Primera Edicion.