La Cámara de Representantes de Misiones sesiona este jueves 27 de agosto con un plan de labor que abarca defensa del consumidor, patrimonio cultural y asuntos institucionales. Uno de los temas que genera mayor expectativa es el proyecto del bloque Movimiento por lo que Viene para derogar la prohibición del uso de glifosato vigente en la provincia.
En materia de derechos del consumidor, la diputada Carolina Butvilofsky encabeza una iniciativa que modifica la Ley III N.º 2 e incorpora el concepto de consumidor o usuario hipervulnerable. La propuesta alcanza a personas que, por su edad, condición socioeconómica, discapacidad, nivel educativo u otras circunstancias, enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos. También contempla situaciones de hiposuficiencia digital ante plataformas y sistemas tecnológicos.
El proyecto prevé mecanismos de protección reforzada: prioridad en la tramitación de reclamos, procedimientos adaptados, lenguaje accesible y acompañamiento cuando sea necesario. Además, establece que las infracciones cometidas contra consumidores hipervulnerables sean consideradas agravante al momento de aplicar sanciones. En el plano judicial, reafirma el uso sin costo de la carta poder y plantea criterios de interpretación más amplios para facilitar el acceso a la Justicia.
Otro punto del temario es el proyecto presentado por el diputado Pereyra Pigerl para declarar Patrimonio Histórico, Cultural y Espiritual al Santuario de Schöenstatt de la ciudad de Oberá, reconociendo su importancia para la comunidad e incorporándolo al patrimonio provincial.
En cuanto al glifosato, los diputados del bloque Movimiento por lo que Viene proponen derogar el artículo 7 de la Ley VIII N.º 103, que establece la prohibición del uso de esa sustancia y sus afines en todo el territorio misionero. Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa responde a planteos de distintos sectores productivos de la provincia.
La propuesta también apunta a avanzar hacia un esquema de transición condicionado a la disponibilidad de alternativas autorizadas, modificando así el marco fijado por la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, sancionada en 2023. Esa norma había establecido un período de dos años para la entrada en vigencia de la prohibición, plazo que el Poder Ejecutivo provincial luego extendió por cinco años para determinados sectores.
El plan de labor también contempla dictámenes de archivo de expedientes y declaraciones vinculadas a distintas actividades e instituciones de la provincia.