La licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió al centro de la polémica. Al debate previo sobre el diseño del pliego y el posible direccionamiento del concurso se sumaron nuevas denuncias sobre documentación técnica cuestionada, sospechas de influencia china y pedidos de explicaciones desde Washington.
Uno de los episodios más llamativos del proceso fue la apertura de sobres con las ofertas económicas: tanto la firma belga Jan de Nul —actual operadora de la vía navegable— como su compatriota DEME presentaron exactamente la misma tarifa inicial de peaje, 3,80 dólares por tonelada de registro neto. Para distintos sectores, esa coincidencia dejó prácticamente definida la adjudicación a favor de Jan de Nul, que ya contaba con ventaja técnica acumulada en etapas previas del concurso.
Otro punto de discordia es que ese valor funciona como piso y no como techo. Según las críticas, eso podría traducirse en mayores costos logísticos para los productores exportadores, en particular para los medianos y pequeños que sacan sus granos al exterior por la Hidrovía.
En paralelo, el proceso generó preocupación en Estados Unidos. Según trascendió en medios norteamericanos, legisladores y organismos de inteligencia pusieron la mira en posibles vínculos entre empresas participantes y capitales chinos. El asunto habría sido tratado en reuniones con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Los informes mencionan contactos entre representantes de la embajada china en Buenos Aires y funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a cargo de Iñaki Arreseygor, desde septiembre del año pasado hasta mayo de este año. La atención recayó también sobre la empresa Servimagnus, vinculada al grupo Loginter —ligado a la familia Román—, que opera actualmente en la Hidrovía y mantiene relaciones comerciales con Huawei y COSCO Shipping. Las sospechas apuntan a que podría existir participación indirecta de intereses chinos, pese a que el pliego excluye formalmente a empresas controladas por Estados extranjeros.
El tema llegó a Washington: según las mismas fuentes, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, habrían pedido explicaciones sobre la eventual influencia china en la concesión.
Otro frente se abrió con una denuncia de la empresa brasileña DTA Engenharia Ltda, que quedó fuera de la licitación. Según la presentación de la firma, documentos utilizados como respaldo técnico y atribuidos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) tendrían inconsistencias técnicas y carecerían de elementos propios de documentos oficiales, como firmas digitales, códigos identificatorios o registros editoriales. DTA le solicitó a Naciones Unidas que confirme si esos informes fueron realmente emitidos por el organismo o si corresponde abrir una auditoría específica.
Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) continúa analizando el proceso. La Justicia no dictó una cautelar para frenarlo, pero el organismo mantiene observaciones sobre el pliego y sobre presuntas irregularidades ya señaladas en el concurso anterior, que fue dejado sin efecto.
Entre los puntos bajo análisis figura una deuda de cerca de 80 millones de dólares que el Estado mantiene con la actual operadora y que, según las objeciones, quedaría transferida al futuro concesionario. La fiscalía y los organismos de control también evalúan posibles incumplimientos en materia ambiental, transparencia y contactos entre funcionarios y empresas participantes durante el proceso.
Por ahora, la licitación sigue su curso mientras avanzan las investigaciones en Argentina y los pedidos de explicaciones en el exterior.
Con informacion de Misiones Online.