La irregularidad en los créditos empresariales se multiplicó por más de cuatro en apenas 19 meses. Así lo muestra un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado sobre datos del Banco Central: la tasa de mora pasó del 0,7% en octubre de 2024 al 3% en mayo de 2026.
El dato refleja una dificultad creciente del sector privado para sostener sus compromisos de pago en un contexto de ventas estancadas y financiamiento caro.
Otro relevamiento, de la Fundación Observatorio PyME (FOP), aporta más precisión sobre el fenómeno. Durante el segundo trimestre de 2026, el 24% de las PyMEs industriales argentinas registró atrasos en al menos un vencimiento, el doble del 12% anotado en el tercer trimestre de 2025.
Los incumplimientos se extendieron sobre casi todas las obligaciones. El 17,3% de las firmas se atrasó en el pago de impuestos, frente al 8,6% de nueve meses atrás. Las deudas con proveedores pasaron del 5,7% al 15,3%, y los atrasos bancarios subieron del 3,4% al 8,6%.
El salto en los pagos a proveedores es especialmente significativo porque propaga el problema a lo largo de la cadena productiva: la empresa que demora sus pagos deja a otra firma sin liquidez para afrontar salarios, insumos o impuestos.
A esto se suma que el 62% de las industrias relevadas reportó demoras para cobrar a sus clientes, más de lo habitual. Por primera vez, esa situación se convirtió en la segunda preocupación más mencionada por las PyMEs industriales, solo detrás de la caída de la demanda, señalada por el 81%.
En paralelo, la producción industrial PyME cayó un 11% interanual en el segundo trimestre de 2026 y un 3,6% respecto al trimestre anterior, alcanzando el nivel más bajo de los últimos siete años. El empleo del sector retrocedió un 4,5% interanual y acumula 14 trimestres consecutivos en baja. Las firmas más pequeñas son las más afectadas: su índice de volumen físico se ubicó en 61,7 puntos sobre base 100 de 2023, mientras que las medianas registraron 89,1 puntos.
En Misiones, este panorama nacional se combina con señales propias de deterioro. La provincia cerró mayo con 8.367 empleadores privados registrados, 814 menos que un año antes, una caída interanual del 8,9% y el nivel más bajo desde que se inició la serie en 2015.
El comercio y el consumo acumulan meses de retroceso real. Los supermercados misioneros registraron caídas en distintos rubros, y numerosas empresas se achicaron o cerraron.
Las economías regionales también atraviesan momentos difíciles. La cadena yerbatera enfrenta una fuerte crisis tras los cambios introducidos por la desregulación nacional, mientras la forestoindustria alerta por la caída de la demanda, los altos costos energéticos y la pérdida de competitividad.
Para una provincia cuya estructura productiva está integrada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio, los servicios y la agroindustria, el deterioro de la cadena de pagos representa una presión adicional sobre la supervivencia de las firmas más chicas.
El crecimiento de la mora no implica necesariamente insolvencia ni cierres inmediatos, pero sí es una señal de estrés financiero. Menos ventas, mayores demoras para cobrar, acceso restringido al crédito y atrasos acumulados en impuestos, proveedores y bancos reducen el margen de maniobra de las empresas. Los números empiezan a mostrar una segunda etapa de la crisis: después de la caída del consumo y la actividad, el deterioro avanza ahora sobre la capacidad de pago.
Con informacion de Primera Edicion.