La Policía de Misiones terminó de capacitar a sus efectivos en las 15 Unidades Regionales antes de que entrara en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la ley 27.801. La norma, que reemplaza al sistema vigente desde 1980, fija en 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser investigados, juzgados y sancionados por delitos.
El comisario general Sandro Martínez señaló que la coordinación con el fuero Correccional y de Menores fue parte central de la preparación. «Los 15 comandos regionales ya están trabajando en eso, ya tuvieron sus capacitaciones y se reunieron con el fuero correspondiente», afirmó el jefe policial.
En términos prácticos, cuando un procedimiento involucre a un menor de entre 14 y 17 años, la Policía labrará las actuaciones y dará intervención inmediata a la Justicia, que determinará las medidas según la gravedad del caso.
El nuevo régimen establece un esquema de sanciones graduales: desde amonestaciones, restricciones de acercamiento, servicios comunitarios y monitoreo electrónico hasta la privación de la libertad en los casos más graves, siempre en establecimientos separados de los adultos. Para delitos de extrema gravedad, como homicidio o violación, la pena puede llegar a 15 años de prisión. Para los menos graves, se priorizan las medidas alternativas.
La ley también contempla educación, seguimiento psicosocial y reinserción, con el objetivo de que el adolescente asuma responsabilidad por sus actos y cuente con herramientas para reintegrarse a la comunidad. Desde el Ministerio de Justicia nacional aclararon que el régimen no implica tratar a los jóvenes como adultos, sino exigirles responsabilidad dentro de un marco que resguarda sus derechos y garantiza su desarrollo integral.
Misiones cuenta con cuatro Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento (Ce.Mo.A.S.) destinados a adolescentes en conflicto con la ley, donde se aplicarán las medidas de acompañamiento previstas por la nueva normativa.
La Policía provincial también prevé continuar con charlas de concientización en escuelas y barrios, dirigidas a jóvenes, padres y docentes, para difundir los alcances de la ley y sus consecuencias.