Desde que asumió la administración de Javier Milei, las provincias argentinas enfrentan una doble presión: reciben menos recursos federales y deben absorber responsabilidades que antes financiaba la Nación. La respuesta de la mayoría fue salir a buscar crédito internacional para sostener obras de infraestructura. Misiones no es la excepción, pero además plantea una solución estructural: cambiar las reglas del reparto fiscal.
El debate se reavivó a partir del anuncio del principal referente de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, sobre la posibilidad de emitir un «bono de reactivación económica» destinado a financiar infraestructura, energía, conectividad y obra pública. La provincia ya tiene un antecedente concreto en esa dirección: la línea de alta tensión San Isidro – Alem – Oberá, que se construye con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El fenómeno es nacional. Neuquén solicitó 300 millones de dólares para obras viales; Santa Fe, 150 millones para su infraestructura portuaria; Entre Ríos, 280 millones para mantenimiento vial; Chubut, 150 millones para acceso a agua potable; y Santa Cruz aparece como el caso más comprometido, con una solicitud de 600 millones de dólares, parte de los cuales se destinarían a cubrir pasivos.
Este escenario coincide con las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que prevé desembolsos récord para la Argentina en 2026 por más de 7.200 millones de dólares, combinando apoyo a reformas estructurales con inversiones en las provincias y financiamiento al sector privado.
El gobierno nacional logró el superávit fiscal que buscaba, pero el costo fue el congelamiento de la obra pública. Para compensarlo sin modificar ninguna ley, la administración Milei redujo dos de los tres canales por los que las provincias reciben recursos federales: el reparto discrecional y la inversión directa en territorio. Solo dejó abierta la coparticipación, que de todas formas viene en caída.
En la comparación interanual del período enero-mayo, la coparticipación registró una baja del 3% en términos reales. El dato de mayo, que mostró una mejora, responde al vencimiento del impuesto a las Ganancias para sociedades y no refleja una tendencia sostenida. El IVA, en cambio, cayó 9% real interanual.
Para Misiones, la caída registrada en el primer trimestre implicó dejar de percibir alrededor de 5.000 millones de pesos por mes, más de 4.000 pesos por habitante.
Las provincias más ordenadas logran cubrir sus costos operativos sin endeudarse —Misiones es señalada entre ellas—, pero deben recurrir al crédito para poder invertir en infraestructura. El interrogante de fondo es hasta cuándo podrán sostenerse si la situación no cambia.
Frente a ese diagnóstico, Rovira viene señalando desde hace años el modelo suizo como una alternativa superadora al esquema argentino. El contraste entre ambos sistemas es marcado.
En Argentina, la Nación recauda la mayor parte de los impuestos —IVA, Ganancias, Cheque— y luego distribuye una porción entre las provincias según coeficientes fijados hace cuatro décadas, sin correspondencia con lo que cada territorio efectivamente genera. En Suiza, la lógica es inversa: los 26 cantones tienen sus propias leyes fiscales, fijan sus propias tasas y viven de lo que recaudan. Solo las competencias que los cantones no pueden asumir se delegan al gobierno federal, y existe un mecanismo de nivelación para reducir las diferencias entre los más ricos y los más pobres.
Como un cambio de escala nacional requeriría un nivel de consenso difícil de alcanzar —las provincias que hoy se benefician con la coparticipación no tienen incentivos para modificar el esquema—, la estrategia de Rovira apunta a que Misiones obtenga un régimen diferenciado: convertirse en una suerte de «cantón verde». En esa línea se inscriben las gestiones por una zona aduanera especial en todo el territorio provincial y las más recientes iniciativas para establecer un régimen fiscal diferencial para Misiones.
Con informacion de Misiones Online.