El Gobierno nacional volvió a poner la causa Malvinas en el centro de su agenda y, al mismo tiempo, concretó una decisión que va más allá del plano simbólico: mediante el Decreto 868/2026, designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.
La norma establece un mecanismo específico para investigar posibles infracciones en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Los organismos del Estado deberán informar a Cancillería, en un plazo de cinco días hábiles, cualquier hecho que pudiera configurar una infracción. Los presuntos infractores contarán con diez días hábiles para presentar su descargo, y la autoridad deberá resolver en otros diez días hábiles.
El decreto no crea nuevas sanciones sino que fortalece y acelera la aplicación de las que ya contempla la ley vigente, entre ellas inhabilitaciones de entre cinco y veinte años y, en ciertos casos, la reversión de concesiones hidrocarburíferas.
Un punto clave de la nueva normativa es su vínculo con el RIGI. Los vehículos de proyecto que busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones deberán presentar una declaración jurada acreditando que ellos, sus accionistas y personas vinculadas no realizan ni realizarán actividades hidrocarburíferas alcanzadas por las prohibiciones de la Ley 26.659. El Gobierno argumentó que sería contradictorio sancionar a empresas por operar sin autorización argentina y, a la vez, otorgarles beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios a través del mismo régimen.
Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, analizó el tema en FM 89.3 Santa María de las Misiones y sostuvo que el giro del Gobierno no puede leerse únicamente en clave electoral. Según su lectura, detrás aparecen el alineamiento con Estados Unidos, la disputa entre Washington y Beijing, los intereses petroleros en el Atlántico Sur y el futuro de la Antártida.
«Vemos este cambio discursivo de llevar a cabo esto seguramente para una cuestión electoral y también por cuestiones geopolíticas que se están dando en el mundo», afirmó Londero.
El analista destacó que más del 95% de los argentinos considera que las islas pertenecen al país y respalda que el reclamo continúe en los organismos internacionales. La novedad, según su análisis, está en la intensidad con la que el Gobierno decidió retomar esa bandera y en el contexto internacional en el que lo hace.
Sobre el papel de Estados Unidos, Londero fue preciso: la relación de Washington con Londres es históricamente más profunda que la que mantiene con Argentina. Reino Unido integra la OTAN y es uno de los principales socios comerciales y estratégicos de Estados Unidos. Por eso, el eventual acercamiento de Trump a posiciones argentinas sobre Malvinas debe entenderse, según el analista, dentro de una disputa más amplia.
«Yo considero más que Donald Trump… hacia Argentina lo tiene, obviamente, como un socio comercial, pero de menor nivel comparadamente con las relaciones que siempre ha llevado con Reino Unido», explicó.
En ese marco, Londero vinculó la cuestión con las diferencias entre Trump y Londres por el respaldo británico a la OTAN y otros escenarios internacionales, y sostuvo que Washington puede utilizar Malvinas como herramienta de presión diplomática sobre el Reino Unido. «Donald Trump utiliza esto como una herramienta disuasiva para intentar negociar algo con Reino Unido», señaló.
La cercanía entre Milei y Trump aparece como otro componente del análisis. Londero consideró que el presidente argentino intenta aprovechar el nuevo escenario internacional apropiándose de una causa con respaldo social transversal. En ese punto incorporó un elemento inesperado: la repercusión de la cuestión Malvinas durante el último Mundial de Fútbol.
«Esto de lo que sucedió en la semifinal del Mundial ha generado una repercusión internacional, en la cual también a nivel nacional ha generado un mayor nivel de nacionalismo y patriotismo», explicó.
Finalmente, el analista subrayó el peso del petróleo en esta discusión. «Argentina, que su causa y la pertenencia a la isla es lo principal, pero está jugando un papel en el cual las superpotencias están viendo qué sucede principalmente por una explotación petrolera en aguas argentinas, en aguas sobre las Islas Malvinas», afirmó. Con el Decreto 868/2026, ese componente dejó de ser solo una hipótesis geopolítica para tener una traducción concreta en la política regulatoria del país.
Con informacion de Primera Edicion.