Una coalición de más de treinta organizaciones del sector yerbatero misionero —productores, cooperativas, trabajadores rurales, académicos y referentes sociales— presentó ayer, 30 de junio, un documento ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) exigiendo la renuncia de su presidente, Rodrigo Correa. El escrito lo emplaza a dimitir si considera que los lineamientos del Gobierno Nacional le impiden defender los intereses de la economía agraria provincial.
El planteo se suma al que había formulado, una semana antes, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM). Entre los firmantes del nuevo documento figuran Hugo Sand (APAM), Luis Alberto Andrusyszyn (APAZSUr), el escritor y docente universitario Javier Gortari (UNaM), Héctor Bárbaro (AMPYM) y Ana Cubilla (FETARA), entre decenas de representantes de organizaciones de la provincia.
El texto traza un diagnóstico severo sobre los siete meses de gestión de Correa. Según denuncian los firmantes, la desregulación del mercado yerbatero provocó un «deterioro institucional sin precedentes» y un «fracaso económico y productivo», contradiciendo los argumentos oficiales de mayor competencia y beneficios.
Para respaldar esa afirmación, el documento cita las propias estadísticas del INYM: la cosecha de hoja verde cayó más de un 40% entre el primer cuatrimestre de 2024 y el mismo período de 2026, pasando de 268,2 millones de kilos a apenas 151,9 millones. Los datos de mayo, señalan, confirman que la tendencia continúa a la baja. A eso se suman ventas en góndola en los niveles más bajos de los últimos años.
En cuanto a los precios en la chacra, las organizaciones denunciaron que los valores se desplomaron a una base de 200 pesos por kilogramo, abonados además con cheques a largo plazo, sin que esa baja se trasladara a los consumidores en los supermercados. «Los costos de la ‘desregulación’ fueron soportados exclusivamente por los productores primarios y los trabajadores vinculados a la actividad, mientras que los beneficios prometidos para el conjunto de la sociedad nunca llegaron a verificarse», afirma el documento.
Otro punto central del reclamo es el desplazamiento de personal experimentado de áreas clave del INYM, como Fiscalización, Registros y el Área Técnica. Para las organizaciones firmantes, eso no implicó un ahorro genuino sino la parálisis operativa del organismo, con riesgos para los controles de calidad, la salubridad del producto y el financiamiento institucional, dado el aumento en la circulación de yerba mate sin estampillar.
El documento también acusa a Correa de actuar con «discrecionalidad» al limitar el funcionamiento del Directorio y las subcomisiones del INYM, y cuestiona el intento de designar en cargos técnicos a personas vinculadas a La Libertad Avanza sin los concursos ni procedimientos correspondientes. «¿Cuál es el destino de los recursos presupuestarios liberados por los despidos si el INYM tiene hoy menos personal y menos presencia territorial?», preguntan los firmantes.
Como momento bisagra, el escrito señala la exposición de Correa el 21 de mayo ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación, donde —según denuncian las organizaciones— alineó su postura con la del presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes, Joaquín Comas, mientras las familias productoras misioneras atravesaban una situación crítica de subsistencia.
Respecto de la idea de que el sector transita hacia una «negociación directa» y libre competencia, los firmantes la calificaron de «desconocimiento supino». Argumentaron que el mercado yerbatero es un oligopsonio: 13.000 productores frente a un puñado de industrias molineras concentradas, donde solo dos marcas dominan el 40% de las góndolas nacionales. Al retirar el Estado la fijación del precio mínimo obligatorio, sostienen, no hubo libre mercado sino una «brutal transferencia de ingresos desde la producción primaria hacia los eslabones más concentrados».
Al cierre del documento, las organizaciones apelaron a la condición de oriundo de Misiones del propio Correa. «Ningún cargo vale más que el respeto de la propia comunidad que lo vio nacer», concluye el texto, intimándolo a dar un paso al costado en defensa de los tareferos, cooperativas, pequeñas y medianas industrias y familias productoras de la provincia.