El presidente Javier Milei utilizó una cadena nacional emitida esta noche para relanzar la agenda de soberanía sobre las Islas Malvinas con dos anuncios concretos: la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y la aplicación de sanciones diplomáticas, económicas y judiciales contra empresas petroleras que operen en aguas del archipiélago sin autorización argentina.
El mandatario habló desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, rodeado por la totalidad de su Gabinete, y planteó que el Estado debe pasar de las declaraciones a las acciones. «No alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos», afirmó.
El tema había vuelto a instalarse en la escena política el 31 de agosto pasado, cuando Donald Trump fue consultado en la Oficina Oval sobre una posible revisión de la histórica neutralidad de Estados Unidos en la disputa entre Argentina y el Reino Unido. El presidente norteamericano respondió que revisa todas las posiciones y que esa era «solo una de muchas». El Gobierno británico y las autoridades de la administración isleña reaccionaron de inmediato reafirmando la soberanía del Reino Unido y el derecho a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago.
El telón de fondo de los anuncios es el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. En diciembre de 2025, las compañías Navitas Petroleum —israelí, operadora con el 65% del proyecto— y Rockhopper Exploration —británica, con el 35%— confirmaron la decisión final de inversión para la primera etapa. El plan contempla una inversión de 1.800 millones de dólares, una producción de 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción en 2028, con reservas recuperables estimadas en 819 millones de barriles. Según el medio británico The Telegraph, las empresas planean comenzar a perforar en los próximos meses y aspiran a «enviar petróleo de regreso a Europa y al Reino Unido desde principios de 2028», con una vida útil del proyecto de más de 30 años.
La Cancillería argentina ya había rechazado la iniciativa por entender que implica una explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía, en violación de las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU. El Gobierno sostiene que ninguna de las dos empresas cuenta con autorización de las autoridades argentinas competentes.
Existen además antecedentes de sanciones previas: Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en el país por 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía, y Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022.
Al cierre de su discurso, Milei subrayó que la defensa de la soberanía requiere una estrategia coordinada que vaya más allá de los gobiernos de turno. «Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno», concluyó el Presidente.
Con informacion de Misiones Online.