El presidente Javier Milei anticipó los lineamientos centrales de una reforma que el Gobierno prepara para el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa apunta a reducir las funciones del organismo, prohibir que financie al Tesoro y establecer sanciones penales para quienes habiliten ese mecanismo.
El proyecto no fue presentado formalmente ante el Congreso, por lo que su alcance definitivo todavía es incierto. Por ahora, Milei enumeró cinco modificaciones durante una entrevista y las encuadró como parte de un esquema para limitar la intervención de futuros gobiernos sobre la política monetaria.
El mandatario cuestionó la Carta Orgánica vigente, en particular la reforma sancionada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y dirigió críticas a Mercedes Marcó del Pont y a Miguel Pesce, expresidentes del BCRA. Argumentó que ese diseño facilitó el uso del organismo para financiar el déficit público.
El primer cambio propone reemplazar la misión múltiple actual —que incluye estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social— por un único objetivo: preservar el valor de la moneda. Milei sostuvo que la pluralidad de metas amplía el margen para justificar emisiones monetarias. «La carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero», afirmó.
El segundo eje es la prohibición «total y absoluta» de que el BCRA financie al fisco, tanto de forma directa como indirecta. La Carta Orgánica actual contempla mecanismos como adelantos transitorios y transferencia de utilidades. Milei pretende cerrar esas vías y convertir su uso en un delito, con consecuencias penales para los integrantes del directorio del Banco Central que lo autoricen, los funcionarios del Ejecutivo que lo impulsen y los legisladores que aprueben normas para habilitarlo. «La política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos», sostuvo el Presidente. Vale aclarar que la emisión para financiar al Estado es una herramienta económica debatida por sus efectos, pero no configura por sí misma una figura penal bajo el régimen actual; la definición concreta del delito y las penas previstas dependerán del texto del proyecto.
El tercer punto busca reforzar la estabilidad del presidente y el directorio del BCRA para dificultar su remoción por parte del Ejecutivo. «Vamos a trabajar para que los políticos populistas no los puedan remover fácil», señaló Milei. El proyecto deberá precisar bajo qué causales podría desplazarse a las autoridades, qué rol tendría el Congreso y cómo se resolverían conflictos entre el organismo y el Gobierno.
El cuarto aspecto apunta a restringir la distribución de utilidades del BCRA al Tesoro. Milei cuestiona que ganancias de origen contable sean giradas al Gobierno y utilizadas como respaldo para nueva emisión. En 2024, el BCRA registró ganancias por 19,4 billones de pesos, destinó una parte a recomponer su capital y puso el remanente a disposición del Ejecutivo, según lo previsto en la Carta Orgánica vigente.
El quinto eje es la eliminación de las Letras Intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central. Estos títulos fueron entregados por el Estado al BCRA a cambio de reservas usadas para afrontar obligaciones públicas. Milei indicó que el proceso para retirarlas ya comenzó, aunque no se conoce un cronograma completo ni se precisó con qué instrumentos serán reemplazadas.
El denominador común de los cinco cambios es el intento de blindar la política monetaria y fiscal más allá de la administración actual, estableciendo restricciones legales que impidan recurrir al Banco Central cuando los ingresos no alcancen para cubrir el gasto.
La reforma abrirá un debate de fondo en el Congreso, donde el oficialismo deberá reunir apoyos para modificar la ley que regula una institución central del sistema económico. También quedará pendiente definir qué herramientas restarían disponibles ante escenarios excepcionales, como una crisis bancaria o una emergencia económica.
Hasta que se conozca el texto completo, los cinco puntos deben considerarse lineamientos políticos anunciados por el Presidente, no disposiciones vigentes.
Con informacion de Primera Edicion.