El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Juan Manuel Díaz, brindó detalles sobre cómo avanza en la provincia la puesta en marcha del Régimen Penal Juvenil, en una entrevista con la FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Según explicó el funcionario, Misiones ocupa un lugar adelantado en este proceso. «Misiones es pionera avanzando en la implementación de este régimen con un gran esfuerzo, primero a través de un proceso de escucha institucional interna dentro de la estructura del Poder Judicial con los actores especializados», señaló.
Ese trabajo derivó en la elaboración de un protocolo de actuación interna que, según Díaz, busca compatibilizar los principios convencionales con los contenidos de la nueva ley penal juvenil.
Uno de los pilares del sistema es garantizar que los adolescentes puedan expresarse ante la justicia desde el inicio del proceso. «Existe el derecho a ser oído como premisa dentro del régimen penal juvenil, en una instancia muy temprana dentro del proceso», remarcó el ministro.
Díaz también destacó la importancia de usar un lenguaje claro y accesible para los jóvenes, y subrayó que la reforma incorpora un abordaje integral durante la investigación penal que contempla aspectos sociales, educativos y de salud.
La implementación exigió además coordinar acciones con otros poderes del Estado. El ministro indicó que desde el Poder Judicial «convocamos a esos actores y generamos mesas de trabajo y de coordinación y articulación con distintos funcionarios del Ejecutivo provincial». En ese marco, mencionó la existencia de «una mesa de reintegración social en donde Ministerio de Trabajo, Ministerio de Deporte, Cultura y otros actores se nuclean para poder darles una oportunidad» a los jóvenes involucrados.
Sin embargo, Díaz advirtió que el sistema también trae consigo exigencias concretas para las provincias. «Hay una cuestión de recursos que también va a demandar la operatividad del sistema, una decisión tomada por el Estado Nacional de la cual las provincias tienen que hacerse cargo», afirmó.
El funcionario concluyó remarcando que el objetivo central del régimen «es generar esas oportunidades de reintegración social» y que «la respuesta penal del Estado respecto a niños y adolescentes es esencial».
Con informacion de Primera Edicion.