La provincia de Misiones trabaja en la adaptación de su estructura judicial para poner en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce cambios sustanciales en la forma en que el sistema trata a los menores de edad que cometen delitos.
Juan Manuel Díaz, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, explicó el estado de ese proceso en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones. Según detalló, el punto de partida fue un relevamiento interno de las capacidades existentes y la consulta a las áreas técnicas especializadas del fuero, antes de abrir la convocatoria a otros sectores del Estado. «Misiones es pionera avanzando en la implementación de este régimen con un gran esfuerzo, primero a través de un proceso de escucha institucional interna dentro de la estructura del Poder Judicial con los actores especializados», afirmó.
Sobre la base de ese diagnóstico, los equipos técnicos redactaron un protocolo de actuación interna destinado a magistrados y funcionarios que, según Díaz, «compatibiliza los principios, tanto convencionales, con lo que trae la ley penal juvenil».
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la inmediatez en el contacto entre el menor y la autoridad judicial desde el inicio del proceso. Díaz destacó que «existe el derecho a ser oído como premisa dentro del régimen penal juvenil, en una instancia muy temprana dentro del proceso», lo que apunta a evitar dilaciones y a que el joven comprenda su situación frente a la ley.
Otro aspecto relevante es la incorporación de un abordaje integral durante la investigación penal. Además de analizar el hecho delictivo, el proceso contempla el contexto social, educativo y sanitario del imputado. Para eso, el Poder Judicial convocó a distintos ministerios provinciales: «Generamos mesas de trabajo y de coordinación y articulación con distintos funcionarios del Ejecutivo provincial», indicó el funcionario.
Entre esas instancias, Díaz mencionó «una mesa de reintegración social en donde el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Deporte, Cultura y otros actores se nuclean para poder darles una oportunidad» a los jóvenes involucrados en causas penales.
Finalmente, el ministro advirtió que la implementación del régimen trae aparejados desafíos presupuestarios, ya que el Estado nacional no transfirió partidas específicas para solventarlo. «Hay una cuestión de recursos que también va a demandar la operatividad del sistema, una decisión tomada por el Estado nacional de la cual las provincias tienen que hacerse cargo», concluyó.
Con informacion de Primera Edicion.