Misiones expuso en el Salón Azul del Senado de la Nación el camino recorrido durante los últimos cinco años para convertir la conservación de la Selva Paranaense en créditos de carbono con certificación internacional. Ante legisladores, diplomáticos y especialistas en finanzas climáticas, la provincia defendió la necesidad de una ley nacional que garantice seguridad jurídica, trazabilidad y acceso a los mercados globales.
El programa, denominado JNR REDD+, fue desarrollado bajo el estándar de la certificadora internacional Verra y se encuentra en su etapa final de validación. La auditoría de AENOR ya otorgó su aprobación y la provincia prevé certificar más de 10.900.000 créditos de carbono correspondientes al período 2017-2022. Paralelamente, Misiones negocia la primera venta privada de esos créditos con la aerolínea LATAM Airlines Group, en una operación que rondaría los 64,9 millones de dólares.
El asesor del Gobierno provincial y enlace con Verra, Maximiliano Galli, señaló que, si la certificadora no presenta nuevas observaciones, «nos van a certificar diez millones de VCU (verified carbon unit) o créditos de carbono. Después de gastos, son 55 millones de dólares».
El director regional de Verra, Angelo Sartori, visitó Misiones para observar el proceso de auditoría y señaló que, en el ámbito de las iniciativas subnacionales enfocadas en la reducción de la deforestación, «Misiones tiene el programa con mayor avance a nivel mundial».
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, abrió el debate en el Senado con una definición que resume la apuesta provincial: «Cuando uno dice Misiones puede pensar en la industria forestal, la yerba mate o el té. Pero el principal producto que elabora hoy la provincia es el oxígeno». Safrán también aclaró que un crédito de carbono no equivale a un Bono Verde: «No es lo mismo que un Bono Verde, que es un título de deuda destinado a financiar proyectos sustentables».
El funcionario precisó que el proceso arrancó entre 2020 y 2021 y que lo llevan adelante de manera conjunta los ministerios de Hacienda, Cambio Climático y Ecología. «Somos los tres organismos que llevamos adelante este proyecto, que ya está en la etapa final», remarcó.
El ministro de Cambio Climático, Gervasio Malagrida, subrayó que el caso misionero no tiene antecedentes internacionales. «La Argentina todavía no tiene listo su convenio a nivel global para continuar con el Acuerdo de París. Esta es la primera vez en la historia que una provincia impulsa un bono de estas características», afirmó.
Los fondos que se obtengan se distribuirán de la siguiente manera: el 30% irá a un fideicomiso para ONGs, universidades, emprendedores y comunidades de pueblos originarios; otro 30% beneficiará directamente a los propietarios de tierras con monte; y el 40% restante financiará políticas provinciales de conservación ambiental. Los recursos ingresarán a un fideicomiso administrado por el Banco Macro para garantizar trazabilidad y transparencia.
Misiones también gestiona ante la Cancillería la habilitación para comercializar sus créditos en mercados regulados. Safrán explicó que eso incrementaría el ingreso de divisas para el país sin costo fiscal ni nuevas cargas para las empresas. «No buscamos generar un costo fiscal ni imponer mayores exigencias a las empresas argentinas. Buscamos hacer valer nuestros créditos de carbono para que el mercado mundial los pague por lo que realmente valen», sostuvo.
La senadora Sonia Rojas Decut, del bloque Encuentro Misionero e impulsora de la jornada en el Senado, planteó que el modelo se apoya en tres ejes: convertir la conservación en un sector de la economía real, integrar el ambiente al mercado de capitales y promover el federalismo ambiental. «Misiones es una provincia con más del 90% de fronteras internacionales y mientras otras regiones decidieron avanzar hacia el desarrollo y la industrialización, Misiones decidió conservar. Esa decisión hoy se convierte en una oportunidad de desarrollo no solo para Misiones, sino para toda la Argentina», afirmó la legisladora.
La senadora también advirtió que «los países que no puedan garantizar sostenibilidad quedarán afuera del financiamiento, de las inversiones y de las cadenas globales de producción y comercialización».
El modelo misionero ya generó consultas desde el exterior. El ministro Safrán mencionó el caso del estado de Pastaza, en Ecuador, que busca iniciar un proceso de transferencia de conocimiento para replicar mecanismos similares.