La certificación internacional que obtuvo Misiones para emitir créditos de carbono marca un antes y un después en la política ambiental provincial. Así lo analizó el analista político Juan Martín Cáceres en diálogo con LT17 Radio Provincia, donde explicó el alcance y la historia detrás de este mecanismo.
Según describió Cáceres, el sistema de créditos de carbono se fue construyendo a lo largo de dos décadas a partir de los acuerdos globales para reducir emisiones contaminantes. Su lógica es la de una compensación: los países o empresas que generan emisiones pueden equilibrar esa huella pagando a regiones que conservan ecosistemas capaces de absorber dióxido de carbono. «Los países industrializados ya han destruido gran parte de sus ecosistemas y necesitan equilibrar esa situación», señaló.
En ese esquema, Misiones ocupa un lugar estratégico gracias a la selva paranaense. La certificación fue otorgada por la organización Verra tras un proceso que el analista describió como «largo y riguroso». Lo que distingue a este caso de otros antecedentes es que se trata del primer proyecto jurisdiccional aprobado en el mundo: no involucra solo predios privados, sino una política pública de conservación que abarca bosques públicos y privados dentro de un mismo territorio provincial.
Cada crédito que Misiones podrá emitir y comercializar en mercados internacionales representa, según explicó Cáceres, una tonelada de dióxido de carbono que el bosque está en condiciones de absorber. Esos certificados podrán ser comprados por empresas o Estados que necesiten compensar sus emisiones para cumplir compromisos ambientales asumidos en acuerdos internacionales.
El analista también subrayó que los ingresos generados no deberían quedar únicamente en manos del Estado provincial. «También deberán alcanzar a los propietarios que forman parte de este esquema de conservación», indicó, en referencia a los dueños de tierras privadas con superficie de bosque nativo que integran el área certificada. La idea, según planteó, es que preservar el monte sea también una opción económicamente viable para los productores.
Al cerrar su análisis, Cáceres destacó que la certificación confirma que la conservación puede convertirse en un activo económico concreto. «Hoy ya no se trata solamente de proteger la naturaleza, sino de generar desarrollo a partir de ella. La medida reconoce más de dos décadas de políticas ambientales sostenidas y abre una alternativa de crecimiento», sostuvo.