La oposición en el Congreso nacional avanzó con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa fue impulsada desde distintos bloques: en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo presentó un proyecto de resolución para interpelarlo y abrir el camino a la censura, al que se sumó el legislador Pablo Juliano, de Provincias Unidas. En el Senado, el representante del Bloque Justicialista José Mayans encabezó el mismo planteo.
La figura del jefe de Gabinete fue incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, y con ella se incluyó la moción de censura en el artículo 101. Este mecanismo le otorga al Congreso la facultad de exigir responsabilidad política al titular de esa función. Un dato clave: no requiere la demostración de un delito ni de una ilegalidad concreta; basta con la decisión política de la mayoría legislativa.
El proceso tiene dos etapas. En la primera, Adorni deberá ser convocado al recinto, donde tendrá la oportunidad de responder preguntas y defenderse ante los legisladores. En la segunda, el Congreso procederá a la votación.
Para que la moción prospere, debe ser aprobada por mayoría absoluta en ambas cámaras: la mitad de los congresales más uno, independientemente de cuántos estén presentes ese día.
Si la votación resultara favorable en Diputados y en el Senado, Adorni debería abandonar el cargo. Sin embargo, dado que se trata de una consecuencia política y no judicial, el presidente Javier Milei conservaría la facultad de volver a designarlo en la misma función.
El trasfondo de esta ofensiva opositora es la situación patrimonial del funcionario: la moción se activa después de que Adorni ratificara sus declaraciones juradas para justificar el incremento de su patrimonio desde que asumió en el gobierno nacional.