El Boletín Oficial de la Nación publicó este jueves la Resolución 109/2026 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), que formaliza la designación de Rosana Biale como Gerente y de Sebastián Pratto como Auditor Interno del organismo.
Ambos nombramientos generaron un fuerte rechazo de distintos sectores: el Gobierno de Misiones, tareferos, productores, cooperativas y cinco organizaciones yerbateras expresaron su oposición de manera explícita.
El principal cuestionamiento a Biale apunta a un conflicto laboral y litigio judicial previo que ella misma sostuvo contra el Inym, proceso del que habría cobrado casi $50 millones en indemnización, incluidas las costas. En el caso de Pratto, sectores opositores a su designación lo vinculan con el despido de 21 trabajadores en diciembre pasado y con el desmantelamiento de áreas como Técnica, Registros y Fiscalización.
A esos reparos se suma una denuncia pública sobre un presunto conflicto de intereses en el proceso de selección. Según las objeciones presentadas ante el Directorio por el representante del Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel, la consultora contratada para la preselección de candidatos —Dichi Recursos Humanos— estaría vinculada a Edit Posdeley, jefa de Recursos Humanos del organismo y persona cercana al presidente del Inym, Rodrigo Correa. De ser así, una misma funcionaria habría tenido relación tanto con la firma externa encargada de filtrar postulantes como con el área interna que influye en las contrataciones.
Pese a los cuestionamientos, los nombramientos obtuvieron el voto favorable de los directores María Soledad Fracalossi (Producción), Carmelo Paulo Rojas (Tareferos), Luis Konopacki (Secaderos), Herminda María Gabur (Gobierno de Corrientes), Gustavo Barreiro y Gerardo López (Industria), además del propio Correa.
Las designaciones se producen en un contexto de crisis en el sector yerbatero, agudizada desde la sanción del DNU 70/23, que desreguló el mercado y le quitó al Inym la potestad de fijar precios mínimos para la materia prima. En ese marco, referentes cercanos al presidente Javier Milei impulsan un proyecto que busca reducir aún más las competencias del organismo.