Productores y cooperativas yerbateras que impulsan la demanda contra la desregulación del mercado de la yerba mate anunciaron que apelarán la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó dividir el expediente entre los juzgados federales de Oberá y Puerto Iguazú. La estrategia de la defensa apunta a lograr que toda la causa quede en manos de un solo tribunal.
El planteo original fue presentado en abril ante el Juzgado Federal de Posadas. Allí se solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023, mediante los cuales el Gobierno nacional eliminó facultades centrales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre ellas la de fijar el precio de la hoja verde y la yerba canchada.
El juzgado de Posadas se declaró incompetente por razones territoriales y remitió las actuaciones a otras jurisdicciones. La Cámara Federal ratificó esa decisión y dispuso distribuir el expediente según el domicilio de cada demandante.
Como resultado, la presentación del presidente de la Asociación de Productores Yerbateros del Norte, Julio Alfredo Petterson, continuará en el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. Las demandas de Jorge Skripczuk, Hugo Sand, Salvador María Torres, Edgar Hein y Antonio Rodríguez Franza, en cambio, serán tramitadas por el Juzgado Federal de Oberá.
El abogado Federico Padolsky advirtió que la fragmentación puede generar criterios judiciales distintos sobre un mismo conflicto. «Vamos a solicitar la unificación de la causa por razones de economía procesal y para evitar el riesgo de que existan resoluciones contradictorias», señaló.
La demanda, de 134 páginas, sostiene que el Poder Ejecutivo utilizó de manera indebida un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar una ley aprobada por el Congreso sin que mediaran circunstancias excepcionales que justificaran ese mecanismo. También argumenta que la reforma alteró el funcionamiento del INYM y debilitó el equilibrio entre los distintos sectores de la actividad yerbatera.
Junto con la acción principal, los productores habían solicitado una medida cautelar para suspender la aplicación del DNU 70/2023 y del Decreto 812/2025 mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Al declararse incompetente, el Juzgado Federal de Posadas no se pronunció sobre ese pedido, por lo que la cautelar permanece sin resolución.
Con informacion de Primera Edicion.