Federico Padolsky, abogado de las asociaciones yerbateras que reclaman la restitución de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuestionó duramente las modificaciones que el Gobierno nacional introdujo a la Ley 25.564 mediante el DNU 70/23. Según sostuvo, esos cambios tuvieron como único objetivo garantizar la competitividad y productividad de la industria, en perjuicio de los productores primarios.
«El DNU 70/23 cambió de facto una ley sancionada legítimamente por el Congreso. De un plumazo borraron parte de la legislación que ha regido durante más de dos décadas la actividad y que la había llevado a altos estándares productivos y de calidad», afirmó Padolsky en una entrevista con LT17 Radio Provincia de Misiones.
El letrado también descartó que la situación del sector justificara la medida. «Bajo ningún punto de vista se podía decir, quien analizaba los datos en la fecha que se emitió el DNU, que la yerba mate estuviera en crisis. Todo lo contrario, el organismo reguló la actividad yerbatera permitiendo rentabilidad para el productor primario y beneficios para la provincia de Misiones», sostuvo.
En abril, productores y cooperativas formalizaron dos presentaciones ante el Juzgado Federal de Posadas. La primera solicita que se declare la inconstitucionalidad, nulidad absoluta e inaplicabilidad de los artículos 164 a 168 del DNU 70/2023, que según los demandantes modifican sustancialmente el régimen institucional establecido por la Ley 25.564 de creación del INYM. La segunda es una medida cautelar que pide la suspensión inmediata de esos artículos para evitar, según plantean, la profundización de los daños sobre el sector productivo primario y el deterioro de las capacidades del organismo.
«Hemos planteado que se tiene que volver atrás el decreto reglamentario y también con las decisiones que tomaron apenas asumió el presidente del Inym, Rodrigo Correa, todas en detrimento del sector productivo», indicó Padolsky. Agregó que también se cursó, con la firma de diputados como Herrera Ahuad (Encuentro Misionero), un pedido de informes al Ejecutivo Nacional sobre los estudios que habrían sustentado el capítulo yerbatero del DNU.
Para el abogado, el resultado de esos cambios es claro: «Quitaron de la ley original las partes de protección y beneficio de la producción primaria, compuesta por la familia agraria, productores, tareferos y cooperativas. Todo eso fue eliminado y se transformó la ley de hecho». La institución, agregó, «pasó a estar solamente en beneficio de la industria: tiene por objeto garantizar la competitividad y productividad de la industria exclusivamente».
Padolsky también llamó a repensar el modelo yerbatero desde la provincia. «La situación de crisis desencadenada con la medida del Gobierno nacional nos enseñó que tenemos que pensar en herramientas que nos permitan protegernos ante estas situaciones, que nos permitan desarrollar el negocio yerbatero en y para beneficio de la población de Misiones, más allá de las políticas que se tomen a nivel nacional», señaló. Recordó que Misiones concentra el 85 por ciento de la producción primaria nacional de yerba mate.
Las presentaciones judiciales están impulsadas por Jorge Skripczuk (Asociación Civil Impulso Yerbatero), Hugo Sand (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones), Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná Limitada), Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), Edgar Gustavo Hein (Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Limitada) y Antonio Rodríguez Franza (Asociación de Productores y Tareferos del Alto Uruguay).