Productores y representantes de asociaciones yerbateras formalizaron este miércoles en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto que busca declarar la emergencia de la producción primaria yerbatera por 360 días y crear un mecanismo provincial para fijar un precio mínimo para la hoja verde.
La iniciativa ingresó formalmente a través de la banca de la diputada Arabela Soler, del bloque Movimiento por lo que Viene, quien recibió a los productores en la Legislatura. También lleva la firma del diputado Cristian Castro, del PAyS.
Soler explicó que se trata de «un proyecto que los productores vienen trabajando hace muchísimos meses, me atrevo a decir un poco más de un año, formado con mucho criterio y, sobre todo, con la voluntad de quienes representan al sector de los pequeños productores». La legisladora también destacó la participación de varias asociaciones en la elaboración de la propuesta, que ya había sido planteada al gobernador Hugo Passalacqua en una reunión realizada el 30 de julio.
El proyecto alcanzaría a explotaciones de hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate, universo que, según Soler, representa aproximadamente el 90% de los productores de la provincia. La emergencia tendría una duración inicial de 360 días y podría prorrogarse por un período equivalente.
El eje central de la propuesta es facultar al Poder Ejecutivo provincial a establecer un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde. Ese valor deberá contemplar costos directos e indirectos de una explotación eficiente, mano de obra, cargas tributarias, previsionales y de seguridad social, más un margen de utilidad que permita sostener la actividad. Además, deberá actualizarse cada 90 días como máximo.
«La idea es dotar al Ejecutivo provincial, a través de este marco de emergencia, de herramientas para que de a poco se pueda construir un precio mínimo de sostén y que el pequeño productor tenga capacidad de negociar con los grandes», sostuvo Soler.
El texto también incluye mecanismos de control y sanciones. Comprar hoja verde por debajo del precio fijado, omitir su pago, simular operaciones o entorpecer fiscalizaciones serían consideradas infracciones, con penalidades que van desde apercibimientos y multas hasta suspensiones e inhabilitaciones temporales para acceder a programas provinciales de asistencia, financiamiento o beneficios fiscales.
En los fundamentos, el proyecto señala que el trasfondo de la iniciativa es la pérdida de la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para establecer precios mínimos, a raíz del DNU 70/2023 y las modificaciones nacionales posteriores, lo que habría dejado sin un instrumento que module la negociación entre productores e industria.
Soler subrayó que la propuesta surgió desde las propias organizaciones del sector: «Me llena de emoción y orgullo saber que todavía hay personas que se comprometen con las causas, que no se quedan solamente en la idea».
El proyecto tomará estado parlamentario y será girado a comisión, donde los distintos bloques podrán debatirlo e introducir modificaciones antes de una eventual votación en el recinto.
Con informacion de Primera Edicion.