Las organizaciones de productores y cooperativas yerbateras que impulsan la demanda contra la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) preparan una nueva presentación judicial para que el expediente se tramite en un único juzgado. La decisión surge tras la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que confirmó la división de la causa entre los juzgados federales de Oberá y Puerto Iguazú.
El planteo fue iniciado en abril por referentes del sector yerbatero misionero. En concreto, buscan que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023, que eliminaron atribuciones históricas del INYM, entre ellas la de fijar el precio de referencia para la hoja verde y la yerba mate canchada. Esa herramienta había regulado las negociaciones dentro de la cadena productiva durante más de dos décadas.
La demanda fue promovida por Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Salvador María Torres, de la Cooperativa Río Paraná Limitada; Julio Alfredo Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Edgar Gustavo Hein, de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fecam); y Antonio Rodríguez Franza, de la Asociación de Productores y Tareferos del Alto Uruguay.
En el escrito, que supera las 130 páginas, los demandantes sostienen que el Poder Ejecutivo modificó mediante un DNU aspectos esenciales de una ley aprobada por el Congreso sin que existieran las condiciones excepcionales que exige la Constitución. A su criterio, eso desnaturalizó el funcionamiento del INYM y dejó al sector primario sin mecanismos de protección.
El abogado patrocinante, Federico Padolsky, señaló que la eliminación de las atribuciones del organismo transformó su rol institucional. «Se produjo un cambio de naturaleza jurídica en la institución, que pasó de ser un órgano de concertación entre todos los integrantes de la cadena yerbatera a convertirse en un simple apéndice de la industria», sostuvo.
Originalmente presentada ante el Juzgado Federal de Posadas, la causa fue derivada a los juzgados federales con jurisdicción sobre el domicilio de cada demandante, decisión que la Cámara Federal de Apelaciones ratificó. Como resultado, la presentación de Petterson continuará en Puerto Iguazú, mientras que las del resto de los demandantes fueron remitidas a Oberá.
La defensa argumenta que tramitar el mismo planteo en procesos separados eleva el riesgo de sentencias contradictorias y genera un desgaste procesal innecesario. «Consideramos que no corresponde que esta causa sea tratada de forma fragmentada. Vamos a solicitar su unificación por razones de economía procesal, para mantener un criterio único y evitar resoluciones incompatibles entre sí», afirmó Padolsky.
En paralelo, las entidades habían solicitado una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos cuestionados del DNU 70/2023 y del Decreto 812/2025 hasta que haya sentencia definitiva. Sin embargo, ese pedido todavía no fue resuelto, ya que el Juzgado de Posadas se declaró incompetente antes de analizar el expediente.
Mientras se discute la competencia, la cautelar permanece sin tratamiento y los productores advierten que la actividad sigue expuesta a las consecuencias de la desregulación sin una respuesta judicial inmediata.
Con informacion de AgroMisiones.