La reforma del Código Procesal Penal de Misiones avanza en la Cámara de Representantes. El proyecto propone abandonar el sistema predominantemente escrito e inquisitivo vigente para adoptar un esquema acusatorio, con audiencias orales y una división más clara entre las funciones de fiscales, jueces y defensores.
El abogado penalista Federico Tilli explicó que el principal motor del cambio es la extensión de los plazos en las causas judiciales de la provincia, una situación que, según señaló, afecta a víctimas, imputados, profesionales del derecho y al propio Poder Judicial.
«Vamos a hacer una transición o lo que se está debatiendo es la transición de un sistema muy anticuado, que es un sistema inquisitivo con muy poca oralidad y que también se ha traducido en inconvenientes en la justicia, en el retardo de la justicia. O sea, hoy creo que es una opinión ya generalizada y pública de la disconformidad del pueblo misionero en los tiempos que se manejan para la resolución de casos», afirmó.
Tilli mencionó causas que tardaron más de diez años en llegar a juicio y advirtió sobre los efectos de las prisiones preventivas prolongadas: en algunos casos, personas permanecieron privadas de su libertad durante años y luego fueron absueltas. «Cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia. Y esto implica a las víctimas, implica a los operadores del derecho, implica por los honorarios, implica a los jueces porque cambian, se jubilan algunos, implica a fiscales, implica a imputados que están siendo sometidos a una investigación y pareciera ser que el Estado, de manera eterna, te tiene sometido», sostuvo.
Uno de los cambios centrales sería la incorporación de audiencias orales para resolver pedidos de prueba, medidas cautelares y planteos de la defensa. El juez debería decidir en el acto o, en casos complejos, dentro de un plazo excepcional de 24 horas.
En materia de coerción, el nuevo código obligaría a los fiscales a fundamentar con precisión cada solicitud de prisión preventiva, incluyendo el tiempo requerido y los motivos que la justifican. «Ahora el código, o el texto de la norma, exige a los fiscales decir: ‘Cuánto tiempo requerís que esta persona esté privada de su libertad y por qué’. O sea, ahí se va a poner el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la investigación, es decir, que el imputado pueda tener contacto con las víctimas o pueda profugarse del accionar de la justicia», explicó.
El esquema también establecería una separación más estricta entre investigación y decisión. La recolección de pruebas y la formulación de cargos quedarían en manos del Ministerio Público Fiscal, mientras que los magistrados pasarían a funcionar como jueces de garantías. «El juez no investiga y lo deja únicamente para decidir si una cosa está bien o está mal. Ahora se pasan a llamar jueces de garantías, es decir, que van a intentar poner un límite, o están para poner un límite a la investigación que hace el fiscal», describió Tilli.
El letrado señaló que la reforma también impondría a los defensores la obligación de construir sus propios legajos de investigación, lo que podría generar una asimetría práctica. «Eso es un gran problema que podemos tener los abogados que ejercemos, porque no es el mismo peso que va a tener el pedido de un defensor particular sobre la producción de una prueba que sí lo puede tener el Ministerio Público», planteó.
Otro eje del proyecto es la promoción de salidas alternativas al juicio oral: conciliación, reparación integral, criterio de oportunidad y suspensión del juicio a prueba. Estas figuras permitirían cerrar ciertos conflictos sin atravesar un debate completo. «Pareciera ser que este sistema nos invita a dialogar y a buscar alternativas al juicio propiamente dicho. Y eso lo que va a traer aparejado es la resolución del conflicto en mucho menor tiempo, en lugar de que únicamente vayamos todos los casos a juicio», indicó.
Tilli aclaró que varias de estas herramientas ya existen en la legislación actual, aunque el nuevo sistema impulsaría su uso más frecuente. Como ejemplos mencionó delitos patrimoniales con restitución de lo sustraído y siniestros viales sin agravantes. En esos casos, un acuerdo entre las partes podría extinguir la acción penal, aunque siempre sujeto al análisis del juez de garantías. «Los jueces tampoco son escribanos, no es que cualquier acuerdo se puede arreglar. ¿Cuál es el límite razonable o legal que puede poner un juez de garantías? Es decir, esto es conciliable, esto no, esto es reparable o esto no», señaló.
El abogado precisó que el proyecto surgió de instancias de diálogo entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y representantes de la abogacía provincial, y que aún está sujeto al tratamiento legislativo. Advirtió que su aplicación efectiva dependerá también de los recursos disponibles, la capacitación de los operadores y la capacidad institucional para sostener el nuevo esquema.
Con informacion de Misiones Online.