Este miércoles se realizó en todo el país la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública bajo el lema «La salud no puede esperar», en rechazo al recorte de prestaciones y al desfinanciamiento del sistema sanitario. En Posadas, la convocatoria estuvo organizada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aunque la concurrencia fue acotada.
La concentración se inició pasadas las 10 de la mañana en la zona del Mástil. Participaron trabajadores de Salud Mental, personal de los hospitales Favaloro, Madariaga y del SAMIC de Oberá, junto a docentes y referentes de la CTA, entre ellos Mónica Gurina.
Elena Rodríguez, enfermera de Oberá, advirtió sobre las consecuencias de la reducción o eliminación de programas nacionales como el Remediar. «Somos los trabajadores la cara visible de las políticas de salud que determinan otras, los que tenemos que decir a la gente que no hay el remedio que le indicó el médico o que tiene que esperar tres meses para un turno… y esta situación se agrava a medida que nos alejamos de Posadas, hacia el interior», señaló.
Rodríguez también denunció que existen alrededor de 500 cargos vacantes en salud pública provincial, correspondientes a personas jubiladas o fallecidas que no fueron reemplazadas. «No se cubrieron estos cargos o se pusieron a trabajadores de manera informal, estamos hablando de personal preparado que trabaja con todas las obligaciones y sin ningún tipo de derecho. Esto comenzó a ordenarse después de la pandemia de COVID-19 pero no se avanzó», sostuvo.
Por su parte, las psicólogas Candela Boloniese y Daiana Galeano, de la Red de Salud Mental Comunitaria, alertaron sobre la precarización y el escaso financiamiento del área. «El presupuesto destinado a salud mental siempre fue muy pequeño y por eso hoy nos alarmamos respecto a las reformas que están por implementar, porque la ley no es una cuestión jurídica exclusivamente sino también presupuestaria. Para trabajar con la Ley de Salud Mental vigente se necesita de un aporte a los dispositivos comunitarios y reforzar los equipos interdisciplinarios. Por eso, pedimos que se tenga en cuenta este presupuesto para trabajar en el abordaje comunitario en vez de recortar para argumentar que la ley no funciona y requiere una reforma», plantearon.
Las profesionales también expresaron su preocupación por un posible retroceso en el enfoque del campo: «Nos preocupa mucho dejar de hablar de padecimiento para hablar de trastorno, con una lectura biométrica, en vez de seguir trabajando en una ampliación de derechos y acceso a la salud mental, tanto de los usuarios como de los familiares».
Jorge «Koki» Duarte, secretario de Formación de la CTA Autónoma de Misiones, se refirió a la baja participación de los trabajadores públicos provinciales en la marcha. «En todos los sectores están muy mal, pero la precarización laboral es una forma muy didáctica de presión para que la gente no reclame», sostuvo.
Duarte también señaló que los salarios del sector en Misiones se ubican por debajo de la línea de pobreza. «Un médico con 30 horas semanales cobra 1.200.000 pesos y una enfermera 1.000.000, pero si están en carrera sanitaria en la categoría A1. Hay cada vez más trabajadores en los hospitales sin vínculo contractual que cobran aproximadamente 500.000 pesos; en Oberá hay 150 enfermeros y profesionales en esta condición», advirtió.
Con informacion de Primera Edicion.