El diputado provincial Héctor ‘Cacho’ Bárbaro, del Partido Agrario y Social, presentó un proyecto de ley para establecer la publicidad plena de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos de Misiones. La iniciativa cuenta con el respaldo de su bloque y de otros espacios legislativos.
La propuesta apunta a modificar la Ley IV N° 21, vigente en la provincia, que mantiene bajo reserva esa información y solo permite acceder a ella en casos excepcionales. Con el nuevo esquema, los datos patrimoniales de gobernadores, ministros, diputados, intendentes y demás funcionarios provinciales quedarían disponibles para cualquier ciudadano a través de un portal web específico, de forma libre y gratuita.
Bárbaro señaló que hoy existe una contradicción difícil de sostener: «Hoy un diputado nacional por Misiones tiene su patrimonio publicado y accesible para toda la sociedad. En cambio, un ministro provincial, un diputado provincial o un intendente pueden mantener esa información reservada. No hay ninguna razón ética ni republicana que justifique semejante diferencia».
El proyecto establece que las declaraciones deberán presentarse al asumir el cargo, actualizarse anualmente y volver a presentarse al dejar la función pública. El organismo competente tendría un plazo de 30 días desde la presentación para publicarlas en el portal oficial.
El legislador vinculó la iniciativa con el debate nacional que generaron los incrementos patrimoniales de funcionarios del gobierno nacional en los últimos meses. En particular, mencionó el caso del ministro de Gabinete Manuel Adorni, quien atribuyó parte de su crecimiento patrimonial a un supuesto pendrive con criptomonedas adquirido años atrás. «Cuando las declaraciones juradas son públicas, la sociedad puede controlar, preguntar y exigir explicaciones. Cuando son secretas, ese control desaparece y la transparencia queda librada a la voluntad del funcionario de turno», afirmó.
Bárbaro también destacó que el espíritu del proyecto es prevenir conflictos de intereses y detectar incrementos patrimoniales injustificados. «Los misioneros tienen derecho a saber cómo evoluciona el patrimonio de quienes administran los recursos de todos. La transparencia no puede depender de la buena voluntad de un funcionario ni de una orden judicial. Debe ser una obligación permanente del Estado», sostuvo.
La propuesta incluye una cláusula de protección para los familiares de los funcionarios: los datos de cónyuges, convivientes e hijos menores quedarían en un anexo reservado, accesible solo para la Justicia y los organismos de control. «Lo que debe ser público es el patrimonio del funcionario, no la intimidad de su familia», explicó el diputado.
Bárbaro recordó que ya había impulsado una iniciativa similar hace más de una década y consideró que el tema sigue siendo una deuda pendiente de la política provincial. «Para que no haya más Adorni, ni funcionarios que deban dar explicaciones después de abandonar sus cargos, las declaraciones juradas tienen que ser públicas mientras ejercen la función pública y también cuando la dejan», concluyó.
Con informacion de Misiones Online.