Un empresario forestal denuncia usurpación en Garuhapé y acusa a EMIPA de organizar el ingreso de 50 personas a su propiedad

Alfredo Ruff, empresario forestal radicado en Río Negro que trabaja tierras en Garuhapé desde hace 75 años, denunció que 50 personas ingresaron a su propiedad de 150 hectáreas y que el traslado fue organizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA).

En diálogo con el programa Día Siete de Misiones Online, Ruff contó que su abuelo adquirió el lote y que la familia lo trabaja desde entonces. Hoy la chacra tiene plantaciones de yerba mate, pino y eucalipto, además de monte nativo protegido. El empresario cuenta con certificación orgánica para exportación de yerba mate y tiene autorizado el cambio de uso de suelo en 80 de las 150 hectáreas; las 70 restantes se conservan como reserva.

El conflicto comenzó hace dos semanas, cuando vecinos le avisaron que personas estaban cortando la faja de monte que protege un ojo de agua dentro de su propiedad. Ruff realizó denuncias reiteradas y la policía constató la situación. Según relató, el juez citó al cacique de la comunidad Puente Quemado II, Santiago Ramos, le prohibió el acercamiento al predio y la comunidad se retiró. Sin embargo, días después la situación escaló.

«El martes ingresaron 50 personas a la propiedad, llevados por una camioneta, una Amarok blanca de la que tengo la patente», afirmó. Ruff identificó ese vehículo como perteneciente a EMIPA y señaló a una persona de apellido Baigorria como responsable de la movilización. «Tengo un problema de usurpación ya organizada y deliberada», remarcó.

El empresario presentó una denuncia penal contra EMIPA basándose en el registro de la patente de la camioneta y en el testimonio de testigos que vieron cómo el vehículo trasladaba personas al lugar.

Ruff subrayó que en los 75 años que la familia posee la propiedad nunca hubo asentamientos indígenas en ese terreno. La comunidad Puente Quemado II está ubicada a siete kilómetros de su chacra y, según dijo, cuenta con sus propias hectáreas, viviendas y agua. En ese marco, rechazó la aplicación de la Ley 26.160, que suspende los desalojos de comunidades indígenas, argumentando que nunca existió ocupación tradicional en su campo.

También mencionó que entre las personas que ingresaron habría ciudadanos paraguayos que no pertenecen a la comunidad mbya, y describió un ambiente hostil durante el encuentro.

El empresario señaló que el temor a represalias es generalizado en la zona. «Mucha gente tiene miedo de denunciar o dar la cara. He hablado con empresarios forestales para que me ayuden y tienen miedo hasta de que les prendan fuego las forestaciones», dijo.

Por último, Ruff pidió el respaldo de los gobiernos nacional y provincial. «Es propiedad privada de un inmigrante que vino acá a apostar al país. Necesito que me apoyen los gobiernos y que la Justicia me dé una gran mano con esto», concluyó.

Con informacion de Misiones Online.