La desregulación del mercado yerbatero generó pérdidas estimadas en $200.000 millones para el sector productivo durante su primer año de vigencia. Así lo sostiene un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI), titulado «Mate mal cebado: Desregulación de la yerba mate, una economía regional», que analiza los cambios en la cadena productiva tras el recorte de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Según el documento, esos recursos dejaron de circular en las chacras, los pueblos y las economías locales como consecuencia directa de la caída del precio de la hoja verde. Hasta fines de 2023, los productores reclamaban valores cercanos a los $500 por kilo, mientras los precios de mercado rondaban entre $350 y $400. Con la desregulación, muchos productores no integrados en cooperativas pasaron a recibir entre $80 y $90 por kilo. Para la tercera zafra bajo el nuevo esquema se proyectan valores de entre $120 y $150, cifras que el informe sitúa por debajo de los costos de producción.
La fundación sostiene que la situación no responde a una baja coyuntural, sino a la estructura históricamente desigual del mercado yerbatero. La producción primaria está repartida entre unos 12.500 productores, en su mayoría pequeños colonos con explotaciones de entre cinco y ocho hectáreas, mientras que la industrialización y la comercialización están concentradas en un grupo reducido de grandes actores con capacidad para fijar condiciones de compra.
Esa asimetría, según el estudio, se acentuó con la pérdida de las facultades del INYM para fijar precios y regular stocks, proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado por modificaciones normativas posteriores. El informe traza un paralelo con la desregulación de los años noventa, que derivó en la crisis social del 2001, el tractorazo y la posterior creación del instituto.
El sector tarefero también aparece en el centro del análisis. Los aproximadamente 13.000 trabajadores y trabajadoras de cosecha son identificados como el eslabón más vulnerable de la cadena: la caída de ingresos de los productores se traslada directamente a ellos, donde persisten la informalidad, los pagos por debajo de los valores acordados y las condiciones laborales precarias.
A ese cuadro se suma un fenómeno que el informe describe como creciente: la migración laboral hacia Brasil. El documento cita datos de la Receita Federal brasileña que indican que la cantidad de argentinos —en su mayoría misioneros— que tramitaron el Cadastro de Pessoa Física (CPF), equivalente al CUIL argentino, pasó de un promedio de 8.000 registros anuales entre 2016 y 2021 a cerca de 40.000 durante 2025. La mayor parte de esa mano de obra se orientó a actividades agropecuarias, construcción y trabajos temporales.
Para la FDHI, el riesgo de fondo no es la rentabilidad de una sola campaña, sino un proceso de concentración económica que podría llevar a pequeños productores a vender sus tierras y perder el arraigo rural. El informe plantea que el debate sobre la yerba mate abre una pregunta más amplia sobre el modelo productivo de Misiones: si seguirá sustentado en miles de familias distribuidas en el territorio o avanzará hacia un esquema con menos actores, mayor integración industrial y mayor concentración del negocio.
Con informacion de Primera Edicion.