Una mujer residente en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, decidió contar públicamente su historia a través de este medio para visibilizar lo que denuncia como un abandono sistemático por parte del sistema judicial. Elizabeth asegura que lleva más de seis años siendo víctima de violencia de género, amenazas y hostigamiento por parte de un hombre al que identifica como su agresor.
El episodio más grave, según relató, ocurrió a mediados de 2022. Darío Viegas —quien según la denunciante registra antecedentes por narcotráfico, robos calificados y pedidos de captura por homicidio— habría evadido las restricciones perimetrales vigentes e irrumpido en la vivienda familiar luego de una persecución policial por autopista.
«Él se atrincheró con nosotros dentro de nuestra casa tomándonos de rehén a mí y a mis dos hijos. Escapándose de la policía con una persecución por autopista, entrando a mi casa con toda la policía por detrás, tiros, me quiso ahorcar, intentó matarme en mi habitación, me encerró y me dijo, ‘Acá se termina todo.’ Me llevó contra la pared, me agarró el cuello y empezó a sacarme el aire. Yo no podía respirar, no me podía mover», describió Elizabeth, quien aseguró haber escapado de forma milagrosa de lo que calificó como un intento de femicidio.
Tras el hecho, según denunció, la respuesta institucional agravó su situación en lugar de protegerla. Apuntó directamente contra la fiscalía y la Comisaría de Villa Lugano por haber liberado al agresor sin tomar medidas de detención.
«Lo detuvieron. Yo estuve más tiempo dentro de la comisaría que él. Lo subieron a un patrullero y a mí me llevaron a cuerpo médico y a él lo soltaron, no le dieron ninguna medida […] y yo me quedé sin protección, sin nada, a la deriva que él vuelva de vuelta a tomarme y a matarme directamente», sostuvo.
De acuerdo con el relato de Elizabeth, Viegas reside a solo cinco cuadras de su domicilio y continuó con el hostigamiento mediante llamadas amenazantes, el robo de documentación y disparos contra la propiedad. A ese cuadro se sumó, según denunció, una demanda civil basada en un pagaré en blanco que afirma le fue sustraído de su vivienda.
En primera instancia, peritos calígrafos oficiales habrían determinado el abuso de firma y dictaminado la nulidad del documento. Sin embargo, según informó Elizabeth, una resolución de la Sala D de la Cámara Comercial del 16 de abril pasado revirtió ese resultado y ordenó ejecutar sus bienes por una suma que supera los 50 millones de pesos.
«Dos jueces tomaron intervención y dijeron que la disputa familiar no llevaba al debate y que ellos decían que la firma era mía y que por eso me condenaban a mí a ejecutarme en 50 millones y más. Hoy estoy al límite de una persona que está obsesionada con mi persona, con mis cosas, que no consiguió sacarme mis cosas y no consiguió arrancarme la vida. Hoy me privó de ser libre, de poder expresarme, de poder tener mi vida, de salir a la calle», expresó.
Actualmente, la vivienda cuenta con botón antipánico y consigna policial permanente, medidas que Elizabeth considera insuficientes. Sus hijos se encuentran bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico crónico. El agresor cumple su condena penal con tobillera electrónica.
«Pido que la justicia tome determinaciones, que los jueces nos escuchen, que los fiscales nos escuchen, que tengamos libertad, no tenemos que vivir con miedo, sometidas. Solo estoy esperando que él venga y me mate. Es lo único que estoy esperando, porque nadie lo para», concluyó desesperada.
Con informacion de Misiones Online.