La Fundación Dante Piesco, responsable del Centro de Rescate OHANA, presentó una denuncia contra lo que describe como irregularidades graves en una causa por tráfico de fauna silvestre que se tramita en Eldorado bajo el expediente N°13933/2026.
El caso tiene origen en una investigación sobre la presunta venta ilegal de tortugas terrestres y loros en el local «Agro Oeste». Según la presentación de la organización, el 13 de mayo pasado se realizó una simulación de compra que permitió constatar la presencia de animales silvestres ofrecidos a la venta, y el material audiovisual de esa verificación fue aportado al expediente.
De acuerdo con lo denunciado por la Fundación, en ese momento se habría registrado la presencia simultánea de un ejemplar de Chelonoidis carbonaria y uno de Chelonoidis chilensis. Sin embargo, según el planteo de la entidad, durante el procedimiento posterior realizado por personal de la Unidad Regional de Delitos Rurales el ejemplar de Chelonoidis carbonaria desapareció y fue reemplazado por un segundo ejemplar de Chelonoidis chilensis.
Para la organización, ese hecho no sería un error menor. «La desaparición de una Chelonoidis carbonaria para que aparezcan posteriormente dos Chelonoidis chilensis no puede ser interpretada como un simple error administrativo. Existe una diferencia biológica evidente entre ambas especies y la carbonaria posee implicancias legales y ambientales mucho más complejas por su relación con circuitos de tráfico y comercio ilegal», señalaron desde la institución.
La Fundación destacó además que la Chelonoidis carbonaria es una especie protegida por normativa nacional e internacional, incluida en el sistema CITES, y sostuvo que su presencia en Misiones resulta especialmente sensible por su posible vinculación con circuitos de tráfico interjurisdiccional.
El conflicto se profundizó cuando el Juzgado de Instrucción 1 rechazó «in limine» la constitución de la Fundación como parte querellante en el expediente. Según denunció la entidad, la resolución habría exigido en la práctica que la organización acreditara un «título de propiedad» sobre los animales silvestres para poder intervenir en la causa.
La abogada especialista en Derecho Animal y representante de la Fundación, Micaela Mariel Pereira, calificó la decisión de grave. «Esto no es producto del azar. Responde a una grave colisión de competencias entre la esfera administrativa y la penal que demora los allanamientos y permite que los infractores oculten o eliminen prueba vital. Nos excluyen del expediente mediante un decreto carente de fundamentos jurídicos precisamente después de poner en conocimiento del juzgado que la propia fuerza de seguridad alteró evidencia viva», sostuvo la letrada.
Pereira también cuestionó el criterio aplicado para impedir la participación de la ONG: «Exigirle a una ONG protectora un ‘título de propiedad’ sobre especies de la selva misionera para permitirle querellar es operar con una matriz civilista arcaica. Constituye un exceso ritual manifiesto que solo sirve para garantizar impunidad tanto al traficante como a quienes eventualmente pudieron facilitar la desaparición de prueba clave».
Según informó la Fundación, ya interpuso un recurso de apelación para pedir la nulidad de la resolución. El planteo se apoya, de acuerdo con la entidad, en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —en particular el fallo Kattan— y en antecedentes que reconocen a la fauna silvestre como bien de dominio público y a las asociaciones civiles como representantes legítimas del interés colectivo en materia ambiental.
La organización reclama que se esclarezca qué ocurrió con el ejemplar presuntamente desaparecido, que se preserve la evidencia vinculada al caso y que se habilite la participación de organizaciones especializadas en el proceso judicial.
Con informacion de Primera Edicion.