La Fundación Dante Piesco, que gestiona el Centro de Rescate OHANA, radicó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado en la que apunta a presuntas irregularidades en la investigación por tráfico de fauna silvestre que se tramita bajo el expediente N° 13933/2026.
Según informó la organización, la causa involucra la presunta comercialización ilegal de tortugas terrestres y loros en el local comercial «Agro Oeste». La Fundación sostiene que el 13 de mayo llevó a cabo una simulación de compra con la que habría verificado la presencia de ejemplares de Chelonoidis carbonaria y Chelonoidis chilensis, y que lo documentó con material audiovisual.
De acuerdo con la presentación, durante el procedimiento posterior a cargo de personal de la Unidad Regional de Delitos Rurales se habría producido una ruptura en la cadena de custodia de los animales. La ONG afirma que un ejemplar de Chelonoidis carbonaria desapareció y que en su lugar quedaron registrados dos ejemplares de Chelonoidis chilensis.
La entidad subraya que la Chelonoidis carbonaria está alcanzada por normativas nacionales e internacionales de protección, entre ellas la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que a su criterio daría a esta especie una relevancia jurídica diferente en el marco de una investigación por tráfico de fauna.
«La desaparición de una Chelonoidis carbonaria para que aparezcan posteriormente dos Chelonoidis chilensis no puede ser interpretada como un simple error administrativo», señalaron desde la institución al explicar los fundamentos de su denuncia.
La controversia se extendió luego de que el juzgado rechazara la solicitud de la Fundación de constituirse como parte querellante en la causa. Según la ONG, esa decisión llegó después de que pusiera en conocimiento del tribunal las presuntas irregularidades detectadas en el procedimiento.
La abogada de la Fundación, Micaela Mariel Pereira, cuestionó ese rechazo. «Nos excluyen del expediente mediante un decreto carente de fundamentos jurídicos precisamente después de poner en conocimiento del juzgado que la propia fuerza de seguridad alteró evidencia viva», afirmó la letrada en declaraciones difundidas por la organización.
Pereira también sostuvo que existe una «colisión de competencias» entre los ámbitos administrativo y penal que, a su entender, obstaculiza el avance de las medidas investigativas y el resguardo de la prueba.
Ante la resolución judicial, la Fundación interpuso un recurso de apelación en el que solicita la nulidad de la decisión que le impidió actuar como querellante. Según informó la ONG, el planteo se apoya en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en precedentes vinculados a la protección de la fauna silvestre y la participación de asociaciones civiles en causas de interés ambiental.
Todas las irregularidades señaladas corresponden, hasta el momento, a la denuncia formulada por la Fundación Dante Piesco y deberán ser esclarecidas en el marco de la investigación judicial en curso.
Con informacion de Misiones Online.