La presión sobre Rodrigo Correa, presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se intensificó con una nueva carta que exige su renuncia. El documento fue suscripto por organizaciones productivas, cooperativas, referentes académicos, dirigentes agrarios y productores, quienes, según la presentación, responsabilizan al funcionario por el deterioro económico e institucional del organismo.
El texto sostiene que la gestión de Correa provocó un «profundo daño» a la principal economía regional de Misiones. Los firmantes también apuntan a su origen misionero como agravante: señalan que ningún funcionario de la provincia debería aceptar que, «en nombre de una política nacional», se perjudiquen la producción primaria, las familias agrarias, los tareferos, las cooperativas y las instituciones ligadas al desarrollo provincial.
No es el primer reclamo de este tipo. El 22 de junio, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) ya había formalizado un pedido de renuncia contra Correa, al considerar que su gestión no logró revertir el deterioro que afecta a productores, tareferos y otros actores de la cadena.
En la carta más reciente, los firmantes afirman que, a más de siete meses de gestión, el desempeño del presidente del INYM «perjudica» al sector y se manifiesta en un deterioro institucional «sin precedentes», con paralización de funciones y una situación crítica para productores primarios, trabajadores rurales, cooperativas y pequeñas y medianas industrias.
Uno de los ejes centrales del documento es la crítica a los efectos de la desregulación del mercado yerbatero. Según los firmantes, las medidas impulsadas por Correa fueron justificadas bajo la promesa de mayor competencia, incremento de la producción, mejora del mercado y beneficios para los consumidores. Sin embargo, el documento sostiene que los datos muestran una realidad opuesta.
La carta indica que entre enero y abril de 2024 se cosecharon 268.297.370 kilogramos de hoja verde, mientras que en el mismo período de 2026 la producción habría caído a 151.910.206 kilogramos, lo que según los firmantes representa una retracción superior al 40%. También advierten que las ventas en el mercado interno registraron durante los primeros meses de 2026 los niveles más bajos de los últimos años.
A partir de esos datos, los firmantes cuestionan la narrativa oficial: «Si Ud. prometió mayor producción, mayor competencia y mayores beneficios para los consumidores, ¿cómo se explica que simultáneamente caigan la cosecha, el consumo y los ingresos de los productores?», plantea el documento.
El debate por la desregulación ya había llegado al Congreso en mayo, durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde productores, trabajadores rurales, cooperativistas, intendentes, legisladores y representantes del INYM expusieron posiciones encontradas sobre el impacto del DNU 70/2023 en la actividad.
Además de los cuestionamientos económicos, la carta acusa a Correa de haber impulsado un «desmantelamiento institucional» del INYM. Los firmantes sostienen que el despido de 21 trabajadores con experiencia afectó áreas estratégicas como Fiscalización, Registros y el Área Técnica, y advierten que no se trató de una simple reducción de personal sino de la pérdida de recursos humanos especializados cuya formación demandó años.
El documento también expresa dudas sobre la capacidad actual del organismo para cumplir funciones de control de calidad, fiscalización de operadores, trazabilidad del producto y protección de consumidores. Incluso menciona preocupación por la posible circulación de yerba mate sin estampillas oficiales, situación que, de verificarse, afectaría el financiamiento institucional del INYM.
Otro punto sensible refiere a la relación entre el precio que recibe el productor y el valor que paga el consumidor. Según los firmantes, la caída del precio de la hoja verde no se trasladó de manera equivalente a la góndola, por lo que el costo de la desregulación habría sido absorbido principalmente por productores y trabajadores. En esa línea, sostienen que «no se combatió ningún monopolio, sino que se desprotegió al eslabón más débil de la cadena».
En una línea similar, Hugo Sand, dirigente de APAM, había afirmado en una reunión de productores en Oberá que la desregulación favoreció a las grandes empresas y denunció una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la cadena.
La carta también cuestiona presuntas decisiones vinculadas a contrataciones y cobertura de cargos jerárquicos dentro del INYM. Los firmantes afirman que esas medidas no habrían sido debidamente informadas ni debatidas en el Directorio, y expresan preocupación por el intento de designar a un excandidato de La Libertad Avanza en el Área Técnica del organismo.
Hacia el cierre, el documento adopta un tono político directo: los firmantes sostienen que Correa, por su origen misionero, tiene una responsabilidad mayor frente a la provincia y le plantean que, si no puede ejercer la presidencia del INYM defendiendo los intereses de la producción yerbatera misionera, debería presentar su renuncia. «Ningún cargo vale más que el respeto de la propia comunidad que lo vio nacer», expresa el texto.
Entre quienes firmaron la carta figuran Luis Alberto Andrusyszyn, de la Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona Sur; Hugo Sand, de APAM; Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Waldemar Schwider, de Casa Familia Yerbatera de San Pedro; Julio Alfredo Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Salvador Torres, de Cooperativa Río Paraná y el Movimiento Agrario de Misiones; y Héctor Bárbaro, entre otros.
Con informacion de Primera Edicion.