La coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Tatiana Antúnez, describió un panorama crítico para el sector: demoras en los pagos a prestadores, falta de medicamentos y ayudas técnicas del programa Incluir Salud, y dificultades crecientes para que las personas con discapacidad sostengan sus tratamientos y traslados.
Según explicó Antúnez, los pagos realizados por Nación no alcanzaron para saldar la deuda acumulada. «La situación sigue siendo de incertidumbre y de emergencia. Nación estuvo haciendo algunos pagos, pero muy aleatorios y no fue en su totalidad. Inclusive hasta el momento está adeudando compensaciones del año 2024 a los prestadores», señaló.
La funcionaria advirtió que el problema no es nuevo. «La situación ya viene arrastrando un problema de hace muchos años, de casi tres años de esta gestión, que genera demoras de todo tipo. Esto impacta en la prestación de servicio y en la calidad del servicio que se ofrece», sostuvo.
Uno de los rubros más golpeados es el transporte especializado. Antúnez indicó que varios prestadores abandonaron o diversificaron su actividad ante la imposibilidad de sostenerse con pagos que llegan con meses de retraso. «Cuando hay tres, cuatro o cinco meses de demora en el pago, eso ya se vuelve una situación insostenible. Con los aumentos de combustibles, de servicios y la baja de las ventas, muchos emprendedores deciden dejar el rubro directamente», expresó. Esto afecta directamente a las familias que dependen de vehículos adaptados para llegar a centros de rehabilitación y espacios de atención.
Respecto de las pensiones no contributivas por discapacidad, Antúnez explicó que las suspensiones dispuestas por el Gobierno nacional derivaron en acciones judiciales, y que una medida cautelar ordenó restituir los beneficios mientras se resuelven los procesos de fondo. Cuestionó que algunas bajas se hayan aplicado por razones administrativas —como no asistir a una citación— sin una evaluación médica que acredite que la persona dejó de reunir los requisitos.
«Es un derecho adquirido. Para quitar una pensión se tiene que demostrar que la causal por la cual la persona accedió ya no existe. No puede darse de baja por una cuestión administrativa», manifestó.
También se refirió al episodio de la radiografía de un perro que fue presentada en una conferencia nacional como presunta prueba de una pensión irregular. Según afirmó Antúnez, esa documentación correspondía a una irregularidad detectada durante la evaluación del trámite, que finalmente fue rechazado. «Se usó algo que era mentira para instalar la idea de que todas las personas con discapacidad o quienes buscan una pensión son corruptas. Nadie está en desacuerdo con que haya controles, pero deben realizarse con profesionales, accesibilidad y sin afectar a quienes realmente necesitan el beneficio», planteó.
Otro punto que señaló la coordinadora es la reiteración de controles y documentación exigida a personas con discapacidades irreversibles. Consideró que el Certificado Único de Discapacidad debería tener mayor peso para evitar trámites repetitivos. «Cuando hay una discapacidad irreversible, debería ser suficiente el certificado para respaldar esa condición en los diferentes trámites. Es necesario desburocratizar los procesos para que las personas no tengan que estar justificando todos los meses una situación que no va a cambiar», indicó.
Finalmente, Antúnez aclaró que la gratuidad del transporte para personas con discapacidad se mantiene vigente. Si bien Nación eliminó las compensaciones económicas que percibían las empresas de transporte, la obligación de garantizar pasajes gratuitos no fue modificada.
Con informacion de Misiones Online.