La diputada nacional por Misiones Yamila Ruiz, del bloque Argentina Federal, ingresó dos proyectos de ley orientados a atender la crisis de rentabilidad del sector yerbatero. Las iniciativas apuntan a declarar la emergencia económica, productiva, financiera y social de la actividad y a recuperar atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que fueron modificadas por el DNU 70/2023 y el Decreto 812/2025.
El primero de los proyectos propone declarar la emergencia por un año, prorrogable por otro período, y restituir la capacidad del INYM para acordar semestralmente los precios de la hoja verde y la yerba mate canchada. Según los fundamentos de la iniciativa, esos valores deberían fijarse por unanimidad entre los sectores del Directorio y, ante la falta de acuerdo, la autoridad agraria nacional intervendría mediante un laudo vinculante.
La propuesta también contempla restablecer los registros obligatorios de los integrantes de la cadena, reforzar la fiscalización y el régimen de estampillado, y habilitar herramientas para ordenar la producción en situaciones de sobreoferta. Los fundamentos del proyecto señalan que el precio de la hoja verde llegó a ubicarse hasta un 50% por debajo de la grilla de costos técnicos mínimos elaborada por el propio Instituto, lo que habría debilitado la posición negociadora de los productores primarios frente a compradores e industrializadores.
El segundo proyecto propone crear un Programa Extraordinario de Sostenimiento Yerbatero destinado a explotaciones de hasta 50 hectáreas cultivadas. El esquema incluye cuatro líneas de acción: créditos subsidiados para capital de trabajo, suspensión temporal de ejecuciones fiscales, compensaciones para cubrir costos laborales rurales y mayor control sobre la yerba mate importada.
En materia financiera, la iniciativa prevé una cartera de créditos de $50.000 millones a través del Banco Nación, con un subsidio de 15 puntos porcentuales sobre la tasa nominal anual y un período de gracia mínimo de un año. También se plantea suspender durante doce meses el inicio de juicios de ejecución fiscal y la aplicación de medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para los productores registrados. La propuesta aclara que esa suspensión no implica condonación de deudas y que los intereses continuarían devengándose.
Otro componente busca reducir temporalmente el costo de la Tarifa Sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial para las explotaciones familiares primarias, y reforzar los controles sanitarios, de calidad y de origen sobre la yerba mate importada.
El costo fiscal directo del programa fue estimado en $12.800 millones, que se financiarían mediante reasignación de partidas del Presupuesto Nacional: $7.500 millones corresponderían al subsidio de tasas, $2.100 millones al impacto de la postergación de cobros judiciales y $3.200 millones a las compensaciones por costos laborales rurales.
Ambas iniciativas deberán atravesar el proceso de tratamiento legislativo en el Congreso.
Con informacion de AgroMisiones.