El conflicto por las obras privadas sobre la ribera del Paraná en Candelaria escaló al plano judicial. El Concejo Deliberante aprobó la Resolución Nº 09/2026, que ordena al Departamento Ejecutivo Municipal la suspensión inmediata de todas las construcciones ubicadas dentro de la franja protegida del Camino de Sirga, y resolvió remitir el expediente al Superior Tribunal de Justicia de Misiones.
La medida fue tomada durante una sesión ordinaria y se conoció públicamente en las últimas horas, a través de un comunicado en el que el Concejo explicó que actuó a partir de reclamos de vecinos preocupados por el avance de emprendimientos privados sobre la costa.
El Camino de Sirga es la franja de quince metros desde la línea de ribera que el artículo 1974 del Código Civil y Comercial reserva al uso público, con el fin de garantizar el libre tránsito, el acceso ciudadano y la seguridad de la navegación. Según el Concejo, en la zona comprendida entre la avenida costanera y el río proliferaron cabañas, paradores comerciales y otras construcciones sobre ese espacio.
En uno de sus artículos, la resolución declara la nulidad absoluta de todo permiso, concesión, decreto o autorización municipal que vulnere esa normativa, al entender que el municipio carece de competencia para disponer sobre bienes del dominio público o restricciones establecidas por legislación federal.
El documento también representa un fuerte cuestionamiento al intendente Carlos Flores. En sus fundamentos, los concejales afirman que el Ejecutivo habría ignorado de manera sistemática un pedido de informes aprobado por el cuerpo para conocer bajo qué criterios se otorgaron las autorizaciones. Según sostienen, esa conducta configuraría «una grave falta institucional y una posible violación a los deberes de funcionario público».
Los ediles señalaron además que ya habían consultado a la Entidad Binacional Yacyretá sin obtener respuesta formal, lo que, según indicaron, profundiza la incertidumbre jurídica sobre construcciones ubicadas en una zona con régimen hídrico especial.
Además del Superior Tribunal de Justicia, el Concejo notificó formalmente a la Entidad Binacional Yacyretá, al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones y a la Prefectura Naval Argentina para que intervengan dentro de sus competencias.
En el comunicado, el cuerpo aclaró que su rol no es ejecutar demoliciones sino ejercer el control institucional y velar por el cumplimiento de las leyes. Serán los organismos provinciales, nacionales y binacionales los que deberán determinar la situación legal de cada obra y definir las acciones correspondientes.
El Concejo informó también que inició una revisión de la normativa municipal vigente sobre este tipo de emprendimientos, con el objetivo de aportar mayor seguridad jurídica y prevenir futuros conflictos sobre el uso de la costa.
El caso ya trascendió el ámbito local y, de prosperar las actuaciones, podría sentar un precedente para otros municipios ribereños de Misiones donde también existen emprendimientos privados en zonas alcanzadas por el régimen del Camino de Sirga.
Con informacion de Primera Edicion.