El Ejecutivo nacional formalizó una nueva modificación al Presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El cambio más significativo es la ampliación de $500.000 millones en el límite presupuestario destinado a cubrir sentencias judiciales, retroactivos y acuerdos previsionales bajo administración de ANSeS. Con ese refuerzo, el monto total autorizado para esas obligaciones asciende a $712.288 millones.
La medida se produce en un contexto de acumulación de reclamos judiciales vinculados a actualizaciones de haberes y pagos retroactivos del sistema jubilatorio.
En simultáneo, la decisión administrativa establece recortes sobre diversas áreas del Estado. Según datos publicados por Parlamentario a partir de los anexos presupuestarios, el Congreso nacional es uno de los sectores más afectados: la reducción supera los $28.420 millones y abarca nueve programas legislativos, entre ellos áreas administrativas y de funcionamiento interno del Parlamento.
La norma también contempla movimientos de personal entre organismos públicos. Se registran transferencias desde Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, además de reacomodamientos en las áreas de Defensa, Seguridad y Economía.
Asimismo, el texto incorpora partidas para sostener el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca dentro de ANSeS, un esquema orientado a reducir dotación de personal mediante acuerdos de desvinculación.
Los pagos derivados de juicios previsionales son considerados uno de los componentes de mayor rigidez dentro del gasto público, dado que responden a fallos judiciales firmes y acuerdos legales en vigencia. La redistribución de partidas refleja así una tensión entre la reducción del gasto en estructuras administrativas y legislativas, y la necesidad de atender obligaciones previsionales que el Estado no puede postergar.
Con informacion de Primera Edicion.