El presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad para 2026 asciende a $563.000 millones, lo que implica una caída real del 79% frente a los valores de 2023. Es el nivel más bajo registrado en al menos treinta años y se produce en simultáneo con un avance sostenido del deterioro en la red vial nacional.
Los fondos destinados exclusivamente al mantenimiento de rutas nacionales también se redujeron de manera significativa: de $828.000 millones a precios actuales en 2023 a $248.000 millones previstos para 2026, una baja de aproximadamente el 70%.
El impacto se distribuye de forma desigual entre las provincias. Entre 2023 y 2025, el gasto ejecutado por Vialidad Nacional cayó cerca del 85% en Buenos Aires y Chubut, el 83% en Chaco, el 77% en Formosa, el 73% en Santa Fe y el 72% en Córdoba.
El estado de la red refleja esas restricciones. Según datos de Vialidad Nacional recopilados por la Federación del Personal de Vialidad Nacional, el 57,5% de los kilómetros relevados se encuentra en condición mala o regular: el 31,8% está calificado como malo y el 25,7% como regular. La situación empeoró en los últimos años: los tramos en mal estado pasaron del 23% en 2022-2023 al 31,8% en 2024-2025, mientras que los kilómetros en buenas condiciones bajaron del 55% al 42,4%.
El ajuste también frenó obras. De los 179 proyectos con partidas previstas para 2026, 112 quedaron con un crédito vigente de apenas $1 o directamente en cero. Al 31 de julio, Vialidad había ejecutado solo el 32,6% de su presupuesto vigente, cuando ya había transcurrido el 58,3% del año.
Las provincias reclaman por el estado de corredores que son clave para sus economías. El caso de La Pampa ilustra el alcance territorial del problema: el deterioro de la Ruta Nacional 152 afecta el transporte de carga, los traslados sanitarios, el acceso a la educación y la actividad comercial y turística. En zonas de alta circulación de camiones, el deterioro se acelera y las rutas provinciales terminan absorbiendo el tránsito que corresponde a la red nacional.
Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza en un nuevo esquema de administración: parte de los corredores fue concesionada al sector privado y hay negociaciones para transferir tramos a las jurisdicciones provinciales.
Eso abre una discusión federal de fondo: quién financia y garantiza el funcionamiento de la red vial cuando la Nación reduce de manera pronunciada los recursos de Vialidad. Para las provincias, las consecuencias de esa decisión ya son visibles sobre el territorio.