La comunidad mbya guaraní Puente Quemado II denunció un nuevo desalojo que, según afirman sus integrantes, se realizó de manera irregular. Es el segundo caso de este tipo registrado en lo que va del año.
De acuerdo con el relato del cacique Santiago Ramos a este medio, el operativo se llevó a cabo ayer a primera hora de la mañana. Participaron decenas de agentes policiales, personal de Gendarmería y autoridades judiciales, entre ellas un juez, su secretario y el jefe policial a cargo.
La comunidad sostiene que el procedimiento fue ilegal porque la medida cautelar que ordenó el desalojo se encontraba en suspenso, como consecuencia de un recurso de apelación presentado el 17 de julio. Según Ramos, la orden fue leída antes de que los efectivos ingresaran al territorio, y el operativo avanzó de todos modos.
Las tierras en cuestión están en disputa judicial, pero la comunidad las reivindica como territorio ancestral relevado en el marco de la Ley Nacional 26.160. «Tenemos carpeta técnica, (el territorio) fue relevado por la Ley 26.160. Tenemos personería jurídica pero (el juez) no vio nada de eso», afirmó Ramos.
Durante el operativo, según denunció el cacique, los efectivos ingresaron a las viviendas, reunieron las pertenencias de las familias y las retiraron. Ramos también señaló situaciones de violencia física: «a algunos hombres les empujaron». Y agregó: «Los policías entraron a las casitas, las chozas, juntaron todas las cosas y cargaron. Eso ya fue violencia, aunque no tiene golpe».
Las siete familias desalojadas pertenecen al sector del asentamiento ahora deshabitado, dentro de un territorio más amplio que abarca Puente Quemado II. Por el momento se encuentran en otras aldeas, a unos tres kilómetros del lugar. Ramos describió el impacto del hecho: «Dejamos nuestra casita, nuestras plantaciones, que hay maíz, mandioca. Para nosotros es un grave sufrimiento. No tenemos forma de resistir, llegaron como 50 policías».
Con informacion de Primera Edicion.