Más de 150 organizaciones vinculadas a la salud mental, los derechos humanos, la discapacidad y el ámbito académico enviaron una carta a senadores nacionales para expresar su rechazo al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, impulsado por el Poder Ejecutivo.
En el documento, las entidades sostienen que la iniciativa es «manifiestamente inconstitucional e inconvencional» y advierten que representa un retroceso hacia modelos de atención basados en la institucionalización psiquiátrica.
Entre los firmantes se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), REDI, asociaciones profesionales, universidades nacionales y colectivos de usuarios y familiares de personas con padecimientos mentales. Por Misiones también adhirieron la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, el Colectivo Memoria y Salud Mental Misiones, el CePMi y la Red de Salud Mental Comunitaria de Misiones.
El núcleo del cuestionamiento es que la reforma habilitaría nuevamente un modelo centrado en hospitales psiquiátricos, en contraposición al enfoque comunitario que establece la legislación vigente desde 2010. Según la carta, el proyecto «elimina la prohibición de crear centros psiquiátricos, suprime la obligación de sustituir los existentes y habilita expresamente la internación en dichos espacios».
Las organizaciones señalan que existe consenso científico internacional en favor de la atención integrada en hospitales generales y dispositivos comunitarios, modelo que, según indican, reduce recaídas, fortalece vínculos familiares y sociales y mejora el acceso al sistema de salud. También alertan sobre los riesgos documentados por organismos como la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas respecto de las prácticas coercitivas, el aislamiento y las vulneraciones de derechos en instituciones psiquiátricas tradicionales.
Otro punto cuestionado es la modificación de los criterios para internaciones involuntarias. De acuerdo con la carta, el proyecto ampliaría los supuestos de internación y permitiría medidas basadas en riesgos hipotéticos o antecedentes previos, incluso sin que exista una situación de peligro inminente.
Las entidades también señalaron que muchos de los problemas actuales del sistema no son consecuencia de la ley vigente sino de su escasa implementación, y recordaron que nunca se destinó el presupuesto previsto por la normativa nacional para el área.
La carta reclama además que el Senado convoque a audiencias públicas y garantice la participación de usuarios y organizaciones de discapacidad en el debate, tal como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
«El Congreso tiene en sus manos una decisión neurálgica para el bienestar de la población», advirtieron las organizaciones, que pidieron evitar «el retorno de un modelo obsoleto» y alertaron que avanzar con la reforma podría derivar en conflictos judiciales y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.
Con informacion de Primera Edicion.