Misiones volvió a reclamar ante el gobierno nacional una validación de Cancillería que le permita comercializar sus créditos de carbono en mercados regulados o de cumplimiento, donde esos activos ambientales alcanzan valores más altos que en los mercados voluntarios.
El planteo lo hizo el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán, durante el plenario del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina, celebrado en Buenos Aires entre el 8 y el 10 de junio.
En su exposición, Safrán presentó los avances del Proyecto de Créditos de Carbono que la provincia impulsa desde 2021, cuyo objetivo es monetizar los activos ambientales de Misiones a partir de la conservación de la selva nativa y la reducción de la deforestación.
La provincia cuenta hoy con 10.914.085 créditos de carbono certificados bajo el Programa Jurisdiccional JNR REDD+, con el estándar internacional de Verra. La certificación cubre aproximadamente 1,5 millones de hectáreas de bosque nativo y corresponde al período 2017-2022. En junio, Verra confirmó la aprobación del primer programa forestal jurisdiccional liderado por un gobierno provincial bajo el estándar VCS y el marco JNR REDD+.
Entre los datos presentados por Hacienda se destacó que, durante el período analizado, Misiones logró reducir su tasa de deforestación de 21.500 hectáreas por año a 5.700 hectáreas anuales.
El programa contempla la participación de propietarios privados con selva nativa mapeada y registrada por el Ministerio de Ecología. Quienes se adhieran podrán recibir beneficios según el tamaño del predio y la zona ambiental en que se ubique. También existe la posibilidad de desarrollar proyectos propios mediante el mecanismo de anidamiento, aunque con registro obligatorio para evitar la doble contabilización de créditos. Según la provincia, solo se excluyeron 38.000 hectáreas, equivalentes al 3% del área total involucrada.
Los fondos que se generen por la venta de los créditos serán administrados a través de un fideicomiso y distribuidos en tres líneas: proyectos vinculados a los objetivos del programa, beneficios para propietarios privados adheridos y acciones de gobernanza para fortalecer los controles contra la tala ilegal, el avance de la frontera agrícola y la ocupación irregular de tierras.
El punto central que remarcó Safrán es que sin una validación de Cancillería, Misiones no puede acceder a los mercados regulados o de cumplimiento, donde empresas y países adquieren estos activos para cumplir obligaciones legales o compromisos ambientales. Sin ese aval nacional, la provincia queda limitada a los mercados voluntarios, que ofrecen precios menores.
Con informacion de Primera Edicion.