La citricultura misionera acumula problemas. A la caída sostenida de la producción se suma ahora el reclamo de productores de distintos puntos de la provincia que denuncian la falta de controles sobre el ingreso de cítricos provenientes de otras provincias. Según señalan, esa situación genera una competencia desigual respecto de quienes producen localmente cumpliendo todos los requisitos exigidos.
El pedido no apunta a prohibir el ingreso de fruta extraprovincial, sino a que se respete la normativa ya existente. La principal referencia es la Resolución 113/2020 del Ministerio del Agro y la Producción, elaborada junto al sector citrícola, que fija condiciones para el transporte, la documentación, el embalaje y la comercialización de cítricos en territorio provincial. Quienes trabajan en la actividad sostienen que buena parte de esos controles hoy prácticamente no se aplican.
«Nosotros no pedimos que se cierre la provincia; pedimos que todos compitan con las mismas reglas», resumió uno de los productores consultados. Otro señaló que «mientras nosotros cumplimos con todos los requisitos, entra fruta de afuera y nadie controla nada. Así es imposible sostener la actividad».
Más allá del impacto económico, el sector advierte sobre el riesgo fitosanitario. La resolución fue diseñada también para reducir la posibilidad de ingreso del Huanglongbing (HLB), considerada la enfermedad más devastadora para la citricultura a nivel mundial.
El contexto productivo es alarmante. En sus mejores años, Misiones llegó a producir cerca de 200 mil toneladas de cítricos por temporada. Hoy esa cifra ronda las 14 mil toneladas anuales entre naranja, mandarina, limón y pomelo, una caída que transformó la realidad de cientos de chacras y redujo drásticamente la capacidad productiva provincial.
La Cooperativa Citrícola de Misiones Limitada refleja ese deterioro. La entidad atraviesa un proceso de recuperación tras años muy complejos y continúa bajo concurso preventivo. Su integrante técnica, Irene Boidi, explicó que la actividad «no escapa a las condiciones generales que atraviesan las economías regionales argentinas» y advirtió que la campaña actual sumó un problema adicional: la sequía afectó el desarrollo de la fruta destinada al mercado fresco.
«La seca nos jugó una mala pasada», señaló Boidi, al explicar que la falta de tamaño comercial obligó a derivar gran parte de la producción hacia la industria. Esa alternativa evitó pérdidas totales para muchos productores, pero redujo los ingresos esperados, dado que la fruta fresca ofrece márgenes de rentabilidad mucho mayores.
La dirigente reconoció además que el escenario sigue siendo difícil. «Hay muchos desafíos y muchos obstáculos por sobrellevar», afirmó, y admitió que la producción misionera todavía no alcanza para abastecer el mercado provincial, que sigue cubriéndose en gran parte con fruta de Corrientes y Entre Ríos.
El reclamo del sector llegó esta semana a la Cámara de Representantes provincial. El diputado Cristian Castro impulsó un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo reforzar el cumplimiento efectivo de la Resolución 113/2020 y reactivar los mecanismos de fiscalización previstos por la normativa.
Entre las irregularidades denunciadas por el sector figuran el ingreso de fruta en grandes contenedores con destino directo a comercios minoristas, deficiencias en los controles documentales y sanitarios, centros de distribución con escasa fiscalización y dificultades para garantizar la trazabilidad de los productos.
Para los productores, aplicar los controles ya previstos por la normativa vigente es una herramienta indispensable para reducir la competencia desleal, proteger el estatus sanitario de la provincia y mejorar las condiciones de una actividad que atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia.
Con informacion de Primera Edicion.