Productores tabacaleros independientes de Misiones, Jujuy, Tucumán, Corrientes y Salta viajarán a Buenos Aires para presentar ante el Congreso de la Nación y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca un reclamo formal por lo que describen como maniobras de sobrefacturación y distribución irregular de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).
El FET se rige por la Ley 19.800 y se financia principalmente con un gravamen del 7% sobre el precio de venta al público de los cigarrillos, más intereses, multas y donaciones. El 80% de lo recaudado debe transferirse a las provincias productoras para complementar el precio que recibe el agricultor por su cosecha, mientras que el 20% restante se destina a planes de reconversión e infraestructura. La distribución entre provincias se calcula en proporción al valor de la producción declarada, y es precisamente allí donde los denunciantes señalan las irregularidades.
Maximiliano Hoff, productor misionero que integra la comitiva, explicó el mecanismo denunciado en diálogo con el medio Bichos de Campo: «Lo que tenemos en común las siete provincias tabacaleras es que hubo una facturación fantasma. El mismo tabaco fue facturado tres o cuatro veces. De la recaudación del cigarrillo, el 73% son impuestos. De ese 73%, casi el 10% mandan de vuelta a las provincias a través del FET y se distribuye entre la gente que entregó tabaco. Pero algunos ni siquiera tienen terreno».
Según los datos aportados por Hoff, la brecha entre la producción real y la registrada en documentación es significativa: «En la campaña 2025/26 Argentina produjo 80 millones de kilos, pero en los papeles detectamos que figuran más de 120 millones. Todos esos kilos fueron distribuidos entre gente que no tiene nada que ver con el tabaco. Eso hace que un productor, que debería recibir 100 pesos por kilo producido, termine recibiendo 50. La torta se reparte entre más personas».
El productor jujeño Pablo Sánchez señaló que el origen de estas declaraciones apócrifas estaría en las propias bocas de acopio: «Cada provincia sabe de quiénes se trata, porque las facturas salen de las mismas bocas de acopio». Según su relato, mientras un productor genuino entrega entre 1.000 y 2.000 kilos, se registrarían sobrefacturaciones varias veces mayores a favor de terceros. Esta distorsión, afirmó, obliga a los pequeños establecimientos a reducir su superficie cultivada ante la imposibilidad de costear insumos dolarizados como fertilizantes y semillas.
Sánchez también apuntó a la falta de controles de campo por parte de los ministerios provinciales. Si bien se exigen requisitos de inscripción —fechas de implantación, hectáreas declaradas, alta en el monotributo—, según denunció, no habría verificaciones efectivas sobre la existencia real de los cultivos. Contrapuso esa situación con la presión fiscal que sí enfrentan los productores legalmente registrados, quienes deben mantener al día obligaciones ante ARCA y el Ministerio de Trabajo, incluyendo IVA, Ganancias, ART y cargas sociales.
A las presuntas irregularidades internas se suma, según los denunciantes, el perjuicio del contrabando de cigarrillos desde Paraguay, Bolivia y Brasil, mercadería que evade la carga impositiva y resta recursos al FET. El productor tucumano Simón Lobo calificó la maniobra como «una estafa hacia el FET y hacia el productor genuino que trabaja», y cuestionó el silencio de las entidades gremiales del sector.
En el plano judicial, los productores misioneros confirmaron que ya radicaron una denuncia formal ante la Justicia Federal para investigar la posible comisión de delitos de fraude contra la administración pública, vinculados al cobro indebido de transferencias del FET por cosechas que, según sostienen, nunca existieron.
Con informacion de AgroMisiones.