Tareferos, productores, cooperativas, secaderos y el Gobierno de Misiones llevaron ayer un rechazo unificado ante el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Fue la primera vez que esos sectores formalizaron públicamente su postura crítica frente a la política de desregulación lanzada en diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei. Del otro lado de la mesa, la industria, la provincia de Corrientes y el presidente del Inym respaldaron el rumbo oficial.
El eje del encuentro fue el impacto del DNU 70/2023, que despojó al Instituto Nacional de la Yerba Mate de sus facultades regulatorias clave, entre ellas la fijación de precios mínimos para la materia prima. El director por el sector de la Producción, Roberto Ferreira, presentó un informe técnico con estadísticas que, según los sectores críticos, contradice los argumentos oficiales sobre las ventajas de la desregulación. Los directores Carlos Luis Czajkowski (Cooperativas), Ricardo Maciel (provincia de Misiones), Carmelo Rojas (Trabajadores Rurales) y Luis Konopacki (Secaderos) acompañaron ese planteo y exigieron la restitución plena de las facultades del Inym.
«Planteé la situación de crisis que atraviesan los productores desde que se le quitaron facultades al Inym, y la enorme transferencia de recursos que se está produciendo desde el sector primario hacia los eslabones superiores de la cadena. Esa misma postura fue expuesta por representantes de Uatre, cooperativas, productores y secaderos, mientras que la industria y la provincia de Corrientes respaldaron la desregulación y pidieron que el esquema continúe tal como está», señaló Maciel.
Sin embargo, la reunión de dos horas no derivó en ningún compromiso de revisión. El ministro Facundo López Sartori, titular de Agro y la Producción de Misiones, fue contundente al salir del encuentro: «El ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. Escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera indigna». Y agregó: «Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y trabajadores rurales que hoy no llegan a cubrir sus costos. No están modernizando la economía: están dejando morir una de las economías regionales más importantes del país».
Maciel, por su parte, describió que la única propuesta recibida fue la de incrementar las ventas, bajo la premisa de que el crecimiento del sector terminaría beneficiando a todos. «En definitiva, al Gobierno nacional no le importa esta situación. Y me da mucha pena y bronca el rol de la Secretaría de Agricultura, que debería tomar una posición en defensa de la principal economía regional», sostuvo. Su síntesis del resultado fue lapidaria: «Nos dijeron, en una palabra, arréglense como puedan».
Ferreira cerró con una mirada igualmente pesimista sobre el futuro inmediato del sector: «No van a intervenir absolutamente nada, ni siquiera en los roles», afirmó, para concluir que «lamentablemente no hay ninguna perspectiva, al menos en el corto plazo, para los pequeños productores».