El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, salió a cuestionar la política de desregulación del Gobierno nacional en el mercado yerbatero. En declaraciones a LT17 Radio Provincia de Misiones, ratificó el pedido de renuncia al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, y trazó lo que considera la única salida posible: revertir el DNU 70/23, convocar a asamblea para elegir nuevas autoridades del organismo y aplicar la Ley 25.564 en su versión original.
Sand sostuvo que el decreto desmanteló las facultades del INYM, entre ellas la de fijar el precio de la materia prima. «El DNU 70/23 que quitó facultades al INYM, como la de fijar el precio de la materia prima para productores, y otras medidas del Gobierno nacional fueron desarmando toda la estructura que teníamos en el organismo y en las chacras, y el presidente Correa profundiza ese accionar, destruyendo o no haciendo nada a favor de los productores, de los tareferos, de las cooperativas», afirmó.
Sobre la situación concreta en el campo, el dirigente señaló que el kilo de hoja verde se está pagando en promedio entre 200 y 250 pesos, en muchos casos con cheques a largo plazo, cuando el costo de producción estaría en torno a los 1.100 pesos. «La realidad nos indica que los tareferos tienen que ir a Brasil a buscar pan para sus hijos, y nosotros estamos vendiendo nuestra yerba, lo poco que se está cosechando, a valores irrisorios», dijo.
También cuestionó el manejo de los fondos del organismo. «Me pregunto dónde están los fondos que percibe el INYM con las estampillas cuando casi no implementan programas para el sector. ¿Qué están haciendo con el dinero?», planteó.
Sand describió al mercado yerbatero como oligopsónico, con más de 13.000 productores que venden su materia prima a un puñado de grandes compradores con posición dominante. En ese contexto, sostuvo que sin un marco regulatorio efectivo resulta imposible alcanzar precios justos. «Es necesario un marco regulatorio y ese marco regulatorio es el INYM con todas sus facultades, sin las modificaciones que le impuso Milei», aseguró, y destacó que en sus más de veinte años de funcionamiento pleno la institución demostró distribuir beneficios en toda la cadena.
El dirigente advirtió que «esta crisis se está profundizando» y alertó sobre consecuencias sociales de largo plazo para las familias rurales y los jóvenes de la provincia. Anunció además que junto a otras organizaciones del sector impulsan un nuevo documento colectivo para visibilizar la situación e invitan a asociaciones, grupos de tareferos y particulares a adherirse.