La Unión de Docentes Argentinos seccional Misiones (UDA) y el Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo (SEMAB) emitieron un comunicado conjunto en el que acusan al Consejo General de Educación (CGE) de «estar desmantelando las escuelas públicas, con despidos de interinos para llevar horas y cargos a escuelas denominadas de innovación o mediadas por TICS, precarizando la relación laboral».
Las secretarias generales de ambos gremios, Mirta Chemes y Mariana Lescaffette, sostienen que el accionar del CGE constituye un «desmantelamiento sistemático» de horas y cargos que no sería más que «una reforma laboral encubierta». También cuestionaron que los docentes cesanteados en horas de tutorías no habrían sido notificados en tiempo y forma, y que esas horas se destinarían a escuelas de innovación o mediadas por TICS «en las cuales se designan a dedo, sin padrón alguno ni de mayor jerarquía y sin concurso, violando el Estatuto Docente».
Entre las resoluciones del CGE citadas en el comunicado figura la 8.324/25, mediante la cual el organismo desafectó 26 horas del nivel medio distribuidas entre la Comercio 6, la Comercio 18, el CES 13, el Bachillerato Acelerado para Adultos, el CEP 57 y el CEP 5. Según denunciaron los gremios, el artículo segundo de esa resolución autoriza la baja de los docentes interinos afectados, mientras que el artículo tercero reasigna esas 26 horas a la sede Jejy, que funciona en la Escuela EIB 836 de El Soberbio, dentro del Programa Servicio de Educación Secundaria Presencial en entorno virtual para poblaciones de zonas rurales aisladas.
El comunicado también incluyó acusaciones contra la actual interventora de la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil, Claudia Cabrera, a quien los gremios señalan de haberse autodesignado en 30 horas superiores poco después de asumir el cargo.
Cabrera fue designada por Daniela López luego de que la interventora anterior, Silvana Nerea Babi, presentara su renuncia en marzo. Según se informó en su momento, Babi había entregado un extenso informe al CGE detallando las acciones realizadas durante el año y medio de intervención —que incluyeron el ordenamiento de la planta institucional, la organización administrativa, la reubicación de personal y la regularización de irregularidades heredadas de la gestión del exrector Jorge Barchuk— y consideró que ya no se justificaba la continuidad de la intervención.
Con informacion de Primera Edicion.