Un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) sostiene que la desregulación del mercado yerbatero impulsada por el Gobierno nacional provocó una caída histórica en el precio de la hoja verde, concentró los beneficios en los eslabones más poderosos de la cadena y agravó la situación económica de miles de familias misioneras ligadas a la actividad.
El trabajo, titulado «Mate mal cebado: desregulación de la yerba mate, una economía regional», analiza los efectos del DNU 70/2023 y de las medidas posteriores —el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025— que redujeron las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Según el estudio, la pérdida de herramientas para fijar precios de referencia y administrar stocks dejó al sector productivo en una posición más vulnerable frente a una cadena altamente concentrada.
«El 90% de los hogares argentinos consumen yerba mate, las ventas siguen creciendo y, sin embargo, los productores y trabajadores no logran cubrir sus costos. La desregulación no generó más competencia; por el contrario, trasladó ingresos hacia los actores con mayor poder económico», afirmó José Luis Fuentes, integrante del capítulo Misiones de la Fundación DHI y autor del informe.
Uno de los datos más contundentes del estudio es la evolución del precio pagado al productor. A fines de 2023, la hoja verde se comercializaba entre 350 y 400 pesos por kilo, mientras que algunos sectores reclamaban 500 pesos para cubrir costos. Tras la desregulación, los valores pagados a productores no integrados a cooperativas cayeron hasta ubicarse entre 80 y 90 pesos por kilo. El informe estima que esta situación provocó que el sector productivo dejara de percibir alrededor de 200 mil millones de pesos durante el primer año del nuevo esquema.
La estructura de la cadena explica en buena medida esa asimetría. Según el relevamiento, unos 12.500 productores primarios conviven con apenas diez empresas que concentran el 76,8% del mercado industrial. Tres firmas —Liebig, Las Marías y La Cachuera— reúnen por sí solas casi la mitad de toda la industrialización, con una participación del 49,5%. En la etapa comercial, diez marcas controlan el 80% de la yerba que llega a los consumidores, con grandes cadenas de supermercados como principales canales de distribución.
El informe también se detiene en la situación de los tareferos. De acuerdo con las estimaciones incluidas en el trabajo, alrededor de 13 mil trabajadores rurales participan de la cosecha de hoja verde en Misiones, frecuentemente bajo condiciones de informalidad o con distintos niveles de subregistro laboral. Si bien la Comisión Nacional del Trabajo Agrario fijó para 2025 un valor cercano a los 77 u 78 pesos por kilo cosechado, los relevamientos territoriales de la fundación detectaron pagos efectivos de alrededor de 40 pesos por kilo, además de incumplimientos salariales y descuentos informales.
«El tarefero es el termómetro de la desigualdad: cuando cae el precio al productor, el ajuste impacta de manera inmediata sobre su salario», señala el documento.
Otra de las alertas del informe apunta al éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil. Localidades fronterizas como Comandante Andresito registran, según el estudio, una salida creciente de jóvenes y trabajadores rurales que buscan empleo en la cosecha frutícola, la construcción y otros sectores de la economía brasileña. Como indicador de ese proceso, el trabajo cita datos de la Receita Federal de Brasil: mientras entre 2016 y 2021 el promedio anual de argentinos que tramitaron el CPF —documento indispensable para trabajar formalmente en ese país— rondaba las ocho mil solicitudes, en 2025 la cifra se acercó a las 40 mil.
Frente a ese diagnóstico, la Fundación DHI propone restituir las facultades del INYM para fijar precios y administrar stocks, establecer un precio mínimo por tonelada cosechada, incorporar representantes de los tareferos al directorio del organismo y crear mecanismos de regulación de existencias. También plantea fortalecer el rol de las cooperativas y promover esquemas asociativos para mejorar la capacidad de negociación de los pequeños productores.
«Lo que está en discusión no es solamente una economía regional. También está en juego una forma de organización social, productiva y comunitaria profundamente arraigada en nuestra región. Por eso planteamos alternativas concretas que prioricen tanto a productores como a tareferos y al desarrollo regional», concluyó Verónica Bernava, integrante del capítulo Misiones de la Fundación DHI y coautora del trabajo.
Con informacion de Misiones Online.