El Juzgado de Instrucción 6 de Posadas avanza en la producción de prueba y la toma de testimonios en torno a una denuncia que involucra a una mujer de 40 años, vecina de un barrio del oeste de la capital misionera, señalada como presunta gestora de contratos de trabajo en dependencias del Estado provincial y la Municipalidad de Posadas.
El expediente, que instruyen el juez Ricardo Walter Balor y el fiscal René Germán Casals, se abrió con 17 denuncias. Según la presentación de los denunciantes, la investigada habría captado a personas de escasos recursos con propuestas de empleo en organismos públicos a cambio de sumas de dinero que, de acuerdo con los mensajes de texto aportados como prueba, arrancaban desde el millón de pesos para acceder a «un contrato en planta permanente de la muni».
Las primeras maniobras bajo investigación se registraron en marzo de este año. Según surge del expediente, la imputada «ofrecía supuestas vacantes laborales en organismos estatales y le manifestaba a los interesados que se desempeñaba profesionalmente como abogada penalista, perito forense y trabajadora vinculada al Poder Judicial, afirmando además poseer contactos políticos y funcionales dentro de distintos organismos públicos provinciales». Los puestos que supuestamente gestionaba eran en la Dirección Provincial de Vialidad, el IFAI —actual IMaC— y la Municipalidad de Posadas.
De acuerdo con la denuncia, por un contrato de seis meses con renovación automática solicitaba depósitos en su billetera virtual de 500.000 pesos, mientras que para ingresar a planta permanente exigía desde un millón de pesos, monto que variaba según el salario prometido.
Uno de los casos más resonantes es el de una madre oriunda de Nemesio Parma que, según lo denunciado, vendió los animales de su chacra, los materiales de construcción que tenía acumulados y pidió préstamos en financieras y a familiares para reunir casi tres millones de pesos como «seña» de los contratos. Hasta hoy, según la denuncia, no recibió ningún trabajo ni recuperó su dinero.
Para generar credibilidad, la denunciada solicitaba documentación personal —fotos del DNI, partidas de nacimiento, certificados de domicilio— simulando la existencia de trámites administrativos reales. Los pagos se canalizaban mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales a cuentas indicadas por ella misma.
A medida que las víctimas realizaban los depósitos, según la presentación judicial, la investigada respondía con «información relativa a supuestas fechas de ingreso, firmas de contratos, altas administrativas, intervenciones de recursos humanos y futuras liquidaciones salariales», generando en todos los casos «la expectativa concreta de que los ingresos a trabajar se encontraban próximos a concretarse».
El 15 de mayo, de acuerdo con el expediente, la denunciada mantuvo «una reunión presencial con numerosos damnificados y miembros de sus respectivos grupos familiares», en la que «ratificó» las condiciones pactadas, confirmó la existencia de los puestos ofrecidos y respondió consultas sobre fechas de ingreso y modalidades de contratación.
Cuando llegaron las fechas pactadas para la firma de los contratos, las víctimas comprobaron que los funcionarios que supuestamente debían recibirlos «no existían o desconocían por completo» a la denunciada. Ante los reclamos, ella respondió que devolvería el dinero una vez que «terceras personas» que decidían los contratos le reintegraran lo que ella supuestamente había entregado. El dinero nunca apareció.
La investigada habría sido desvinculada del Poder Judicial en 2023 por conductas similares a las que ahora conforman el expediente en trámite. La causa avanza bajo la figura del artículo 172 del Código Penal, que tipifica el delito de estafa.
Con informacion de Primera Edicion.